Un magistrado federal en Rhode Island ha desestimado una normativa implementada por la administración de Donald Trump, la cual había suspendido por seis meses los trámites migratorios y peticiones de asilo para individuos procedentes de 39 países. La decisión judicial dictamina que estas políticas, basadas en el lugar de nacimiento, eran ilícitas y generaron una situación de incertidumbre legal para numerosos migrantes en Estados Unidos.
Un magistrado federal con sede en Rhode Island ha revocado las disposiciones de la administración de Donald Trump que, durante medio año, paralizaron los procedimientos de inmigración y las peticiones de refugio para personas originarias de 39 naciones, fundamentándose en su lugar de origen. El juez consideró que estas medidas eran contrarias a la ley.
En un dictamen que superó las cien páginas, el juez John McConell Jr. manifestó que las directrices de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) provocaron que “innumerables inmigrantes residiendo en Estados Unidos quedaran en una indefinición legal indeterminada”, y las calificó de “ilegales, arbitrarias y caprichosas”. McConell sostuvo que Uscis actuó sin la autoridad correspondiente y “justificó sus acciones con pretextos de ‘seguridad nacional’ meramente superficiales, que ocultaban sentimientos antiinmigrantes que (la agencia) tiene prohibido considerar en su proceso de toma de decisiones”.
La entidad suspendió el procesamiento de beneficios migratorios para 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio, impidiendo a sus ciudadanos “obtener resoluciones finales” sobre sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia y nacionalidad en EE.UU.
El magistrado dictaminó que la restricción migratoria es ilegal debido a la discriminación. El juez afirmó que la interrupción de Uscis “no puede atribuirse a ninguna falta cometida por estas personas, sino que proviene únicamente de la casualidad de su nacimiento”, y declaró que la agencia “infringió las mismas normativas de inmigración que el Congreso le encomendó gestionar, así como las leyes administrativas” que la rigen.
Tales políticas, que incluían la denominada ‘prohibición migratoria’ y una interrupción en las peticiones de asilo, se aplicaron después de que en noviembre de 2025 un ciudadano afgano presuntamente abriera fuego contra la Guardia Nacional en Washington D.C., resultando en la muerte de una agente y dejando otra herida.
El veredicto incluye, en la explicación del contexto, declaraciones de la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, respaldadas por Trump, quien sugirió “una prohibición migratoria en cada maldito país que ha inundado a nuestra nación con asesinos, parásitos y adictos a la asistencia social”, y atacó a los “invasores extranjeros”.
