La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Moca ha impuesto tres meses de prisión preventiva a Nicolás Guzmán, acusado de atentar contra el sistema eléctrico nacional. La medida fue tomada tras acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público y EDENORTE, relacionadas con la destrucción de equipos y conexiones irregulares en Villa Progreso, Espaillat. Este caso resalta la gravedad de los delitos eléctricos y el compromiso de las autoridades para garantizar la seguridad del servicio.
EDENORTE Dominicana comunicó este viernes que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Moca ha determinado tres meses de prisión preventiva para Nicolás Guzmán, quien es señalado por presuntas acciones que afectan la seguridad de la red eléctrica nacional.
El juez Sandy Castillo estableció la medida cautelar después de aceptar las evidencias presentadas por el Ministerio Público y la representación jurídica de EDENORTE, en un asunto vinculado con la presunta destrucción de dispositivos de medición eléctrica y la ejecución de conexiones ilegales en la localidad de Villa Progreso, en el paraje El Semillero, provincia Espaillat.
Conforme a la acusación, el imputado habría incurrido en conductas tipificadas en el artículo 124 de la Ley General de Electricidad 125-01, que penaliza los actos que causen daños, destrucción o inhabilitación de infraestructuras eléctricas, así como acciones destinadas a interrumpir el servicio o sustraer componentes de la red eléctrica nacional.
La compañía distribuidora enfatizó que este tipo de acciones no solo generan pérdidas económicas, sino que también ponen en peligro la continuidad y la calidad del suministro eléctrico para miles de usuarios, además de comprometer la seguridad de las brigadas técnicas encargadas de realizar tareas de inspección y mantenimiento.
Según la documentación aportada durante la audiencia, el tribunal valoró pruebas audiovisuales y documentales que demuestran un comportamiento considerado agresivo y desafiante frente a las autoridades y al personal técnico que ejecutaba labores relacionadas con la provisión de energía eléctrica.
El juez consideró que la seriedad de los hechos y la actitud mostrada por el imputado justificaban la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar.
De igual forma, el tribunal indicó que los colaboradores de las instituciones públicas y privadas deben poder desempeñar sus funciones en un entorno de respeto y seguridad, y observó que el nivel de violencia exhibido durante los hechos constituía un elemento relevante para evaluar los riesgos procesales del caso.
La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), representada por la magistrada Ydania Rodríguez, participó en el proceso judicial junto a la representación legal de EDENORTE, encabezada por la licenciada Luisa Rosa García Polanco.
EDENORTE reafirmó su compromiso de seguir colaborando con las autoridades competentes en la persecución de los delitos eléctricos y reiteró su llamado a la ciudadanía a utilizar el servicio de forma regular y conforme a la ley, contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema eléctrico y a la mejora constante de la calidad del servicio en toda su área de concesión.
La empresa recordó que los delitos contemplados en la Ley General de Electricidad pueden acarrear sanciones de entre tres y diez años de prisión, además de multas que oscilan entre cincuenta y doscientos salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de los hechos comprobados por los tribunales.
