Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos ha dictaminado que la administración del presidente Donald Trump puede seguir aplicando su arancel global del 10%. Esta decisión representa una victoria temporal para el gobierno, permitiendo la continuidad de estos gravámenes mientras se resuelve el proceso legal en curso, a pesar de un fallo anterior que los declaró inválidos.
Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos ha confirmado la capacidad de la Administración del presidente Donald Trump para mantener la aplicación del gravamen global del 10%, establecido por el republicano en febrero. Esto ocurre luego de que la Corte Suprema invalidara una porción considerable de su esquema arancelario anterior. El jueves, el tribunal concedió un triunfo provisional al Gobierno de Trump, autorizando la recaudación de estas tarifas mientras progresa el litigio legal contra dichos gravámenes. Estos se implementan bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y tienen una fecha de caducidad proyectada para finales de julio, a menos que el Congreso decida extenderlos.
En el mes de mayo, un panel del Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, emitió una sentencia de 2 a 1 a favor de una demanda presentada por pequeñas empresas. Dicho fallo declaró que estos nuevos aranceles eran “inválidos” y “no autorizados por la ley”, argumentando que Trump había excedido la autoridad arancelaria que le había sido delegada por el Congreso.
La Sección 122, que hasta el momento no se había utilizado para justificar impuestos a la importación, le otorga al presidente estadounidense la facultad de establecer aranceles globales de hasta el 15% por un periodo de 150 días. Tras este plazo, se requiere la aprobación de los legisladores para prorrogar su vigencia. Después del revés sufrido en la Corte Suprema, Trump advirtió en febrero que podría elevar hasta el 15% el nuevo gravamen a los socios comerciales de Estados Unidos, aunque hasta la fecha no ha concretado dicha amenaza.
El Tribunal Supremo dictaminó que el mandatario carecía de la autoridad para imponer tasas bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977. Esta ley había sido la base de una gran parte de la enérgica política arancelaria que Trump implementó desde su retorno al poder en enero de 2025 para un segundo mandato. En abril pasado, el Gobierno de Estados Unidos inició el procedimiento para el reembolso de aproximadamente 166.000 millones de dólares que fueron cobrados de manera ilegal a través de los aranceles que fueron anulados por el alto tribunal.
La resolución del Supremo afecta a los gravámenes que Washington denomina “recíprocos”, los cuales fueron impuestos por el republicano con el propósito de “reducir el déficit comercial” de Estados Unidos con sus socios. Adicionalmente, incluye los aranceles extra del 25% aplicados a México y Canadá, con la intención de presionar a estos países para que contengan el flujo de fentanilo.
