Cientos de vecinos de León se movilizan contra la construcción de una gigantesca planta de biomasa, proyectada para abastecer a 28.000 hogares. La preocupación principal radica en el posible impacto ambiental y en la salud, especialmente por la dispersión de sustancias nocivas cuando cambie la dirección del viento. Este proyecto, impulsado por las administraciones, ha generado un profundo descontento social y legal en la ciudad.
"¡Alcalde! ¿Dónde estás?". Este grito resonó el miércoles en la plaza de San Marcelo. Cientos de personas atendieron la convocatoria de la Asociación de Vecinos Barrio de la Lastra para intentar detener la construcción de una gigantesca planta de biomasa planeada para el sur de la ciudad. Esta no es una protesta aislada: los residentes de La Lastra y Puente Castro han unido fuerzas en una movilización conjunta que evidencia el hartazgo de los barrios del sur ante un inminente impacto ambiental.
Más allá de las pancartas, existe un temor muy específico. Según explica Ruth Sanz, portavoz vecinal de La Lastra, el gran problema oculto surgirá "cuando el viento cambie de dirección". La advertencia ciudadana es clara: si la planta comienza a operar, no solo se percibirá un olor en otros barrios de la capital, sino que el aire arrastrará sustancias nocivas. Por ello, bajo el lema "nuestra salud no se vende", los vecinos exigen la paralización de las obras.
El inicio de la indignación. Para comprender este estallido social, es necesario examinar las decisiones políticas. El proyecto, impulsado por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, busca crear una "Red de Calor Sostenible". A través de Somacyl, la administración autonómica pretende construir una central térmica que proporcione calefacción y agua caliente a más de 28.000 viviendas y 150 edificios de la capital. Sin embargo, la indignación también tiene un componente político. Los vecinos acusan directamente al alcalde socialista, José Antonio Diez, de una grave incoherencia: le recuerdan que, cuando estaba en la oposición, lideró las protestas contra una planta de biomasa similar en Cantamilanos, y ahora permite una instalación que es siete veces más grande.
Además, el enfado vecinal se origina en el proceso de gestación del proyecto. La Junta ha tramitado este inmenso complejo de 22 hectáreas —situado a las afueras de la ciudad, junto al cementerio municipal y los ríos Torío y Bernesga— bajo la controvertida figura de 'Proyecto Regional'. Esta medida administrativa sirve, según se ha explicado, para "blindar" el complejo, unificar contratos por la vía de urgencia, acelerar expropiaciones y eludir las trabas urbanísticas locales.
¿Energía verde o riesgo ambiental? El proyecto representa un choque frontal de realidades. En el discurso oficial, se presenta como la iniciativa ecológica definitiva, ya que las administraciones defienden que la infraestructura es clave para la descarbonización. Prometen que permitirá apagar progresivamente más de 1.200 calderas de combustibles fósiles, evitará la emisión de 35.000 toneladas de CO₂ anuales y logrará que las comunidades de vecinos ahorren entre un 20% y un 30% en su factura.
El lado oscuro de esta "promesa verde" lo exponen los defensores del medio ambiente. Ecologistas en Acción, en sus alegaciones, argumenta que la instalación de estas dimensiones cerca de zonas habitadas es ambientalmente insostenible. La entidad advierte que la combustión a nivel industrial provocará emisiones altamente peligrosas, liberando al aire "benzopireno, metales pesados y partículas". Además, los ecologistas desestiman el argumento de la sostenibilidad de los recursos. El complejo consumirá hasta 128.000 toneladas anuales de astillas forestales —un volumen que amenaza con sobreexplotar los montes— y utilizará la considerable cantidad de 35.000 metros cúbicos de agua de la red urbana, sin que el Ayuntamiento haya emitido informes técnicos que garanticen que esto no afectará al suministro de la población.
Cifras faraónicas y fango legal. El tamaño del proyecto es difícil de comprender sin analizar los datos concretos. Según los detalles técnicos, el horizonte del sur leonés se verá modificado por la instalación de cuatro enormes chimeneas de 35 metros de altura (una altura equivalente a un edificio de once plantas). A nivel logístico, la actividad de los hornos generará cada año 4.480 toneladas de ceniza, escorias y polvo, y provocará un incesante tránsito diario de hasta 20 camiones pesados por el barrio. Con un impacto tan significativo en el horizonte, la batalla ya no se libra solo en la calle, sino también en los tribunales. El proyecto se encuentra profundamente judicializado. Los vecinos y ecologistas están a la espera de que el Juzgado resuelva un recurso contencioso-administrativo presentado contra las licencias municipales concedidas para la red de tuberías.
La opacidad del proceso ha avivado la sospecha. La portavoz vecinal denunció en la plaza de San Marcelo que las obras se iniciaron "sin las licencias pertinentes", calificando la operación como un "negocio de dos". La indignación y la desconfianza son tales que los vecinos han llegado a augurar que en el futuro este caso "saltará por los aires" igual que la conocida 'Trama Eólica', demostrándose que todo responde a "intereses de ciertas personas y no a un bien común".
La cuenta atrás de León. Mientras los jueces deliberan y las movilizaciones continúan, el tiempo avanza. Ha comenzado una cuenta atrás inapelable: existe un límite legal de cinco años para que las infraestructuras se materialicen o, por el contrario, el proyecto decaiga definitivamente.
La ciudad de León se encuentra así ante una encrucijada histórica. Por un lado, el sueño institucional de consolidarse como una urbe pionera en Europa en transición energética e independencia térmica. Por el otro, el temor de miles de familias que ven cómo se instala un complejo industrial a las puertas de sus hogares. En los próximos años se decidirá el desenlace; mientras tanto, los barrios del sur seguirán saliendo a la calle, mirando con recelo al cielo y esperando que la justicia actúe antes de que cambie el viento.
