La Generalitat de Cataluña busca desincentivar el teletrabajo entre sus funcionarios ofreciendo un complemento salarial de entre 90 y 200 euros mensuales a quienes opten por la presencialidad. Esta medida, que se encuentra en fase de negociación, representa un cambio significativo en la política laboral pública, yendo a contracorriente de la tendencia de la Administración central y generando división entre los sindicatos.
Una de las ventajas que ofrecía trabajar en la Administración pública era la opción de teletrabajo, si el puesto lo permitía. Sin embargo, esta situación está a punto de modificarse para los funcionarios dependientes de la Generalitat de Cataluña.
El Govern no prohíbe el teletrabajo, pero ha propuesto medidas para desincentivar su solicitud por parte de los funcionarios. Para ello, está dispuesto a pagarles un complemento salarial de entre 90 y 200 euros a quienes decidan renunciar al trabajo remoto.
La batalla empezó hace año y medio. En enero de 2025, el Govern eliminó el teletrabajo para sus altos cargos. Esta medida afectó directamente a unos 500 funcionarios, incluyendo directores generales, secretarías generales y puestos similares. La Conselleria de Presidencia, bajo la dirección de Albert Dalmau, argumentó que estos puestos requieren "presencia efectiva y constante" para asegurar una supervisión eficaz.
La reacción de los funcionarios no se hizo esperar. Más de 200 altos funcionarios firmaron un manifiesto en el que calificaban la medida de "modelo del siglo XIX". Aquel episodio fue solo el inicio de una iniciativa más amplia. Ahora, esta medida se extiende al resto de la plantilla de aproximadamente 14.900 funcionarios de la administración catalana que actualmente tienen permiso para teletrabajar.
Qué propone exactamente el Govern. La Generalitat ha presentado el "complemento de asistencia operativa inmediata". Se trata de un extra salarial de entre 90 y 200 euros mensuales que se añadirá a la nómina de quienes renuncien voluntariamente a los días de teletrabajo reconocidos para su puesto.
La administración catalana subraya que la decisión de acogerse a este complemento es totalmente voluntaria y no una obligación. No obstante, la nómina mensual variará según la elección. Los detalles exactos sobre la cuantía definitiva, quiénes podrán cobrarla y si también la recibirían los funcionarios a quienes se les revocó el teletrabajo, son puntos que aún se están negociando en la Mesa de la Función Pública.
El precio del teletrabajo. La próxima reunión de la Mesa de la Función Pública está programada para el 1 de julio. Todo indica que el acuerdo, si se alcanza, no entraría en vigor antes de enero de 2027. En cualquier caso, con esta medida ya se ha asignado un valor económico al teletrabajo en la administración pública.
Esto representa un cambio significativo en la normativa que regula el trabajo remoto en el ámbito del funcionariado, ya que, hasta ahora, la norma general en la función pública española establece que el teletrabajo es neutro desde el punto de vista económico: no se paga más por hacerlo ni se descuenta nada por no hacerlo, tal como se recoge en el artículo 47 bis 3 del Estatuto Básico del Empleado Público: "El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos". Sin embargo, con este complemento, la Generalitat otorgaría un valor económico a la presencialidad, implicando que optar por la oficina supone una mejora salarial que no tienen quienes eligen el teletrabajo, manteniendo las mismas obligaciones.
Moncloa empuja lo contrario. Lo que hace más notable la propuesta catalana es que va en dirección opuesta a la de la Administración central, que precisamente apuesta por más teletrabajo. Según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública publicados por Economía Digital, el 52,4% de los empleados de la Administración General del Estado trabajan a distancia al menos una vez a la semana, con más de 93.600 funcionarios en modalidad híbrida. Este porcentaje llega en plena implementación de la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios.
Catalunya también negocia la reducción de la jornada a 35 horas, partiendo de las 37,5 actuales. Sin embargo, el Govern ha vinculado esta rebaja horaria a la disminución del teletrabajo.
Los sindicatos, divididos. La medida no ha sido bien recibida por las distintas plataformas sindicales. La IAC-CATAC, la central con más delegados, se posiciona "radicalmente en contra".
UGT y CCOO, a pesar de oponerse a la medida, se muestran más abiertos a negociar las condiciones. Desde CCOO aseguraban que "entendemos que este complemento debe aplicarse a todo el mundo que trabaje toda la jornada presencialmente" y no solo a quien renuncie expresamente a teletrabajar, para evitar un agravio retributivo.
