La Asamblea Nacional de Francia ha ratificado una legislación crucial que establece el derecho a la asistencia para morir, abarcando la eutanasia y el suicidio asistido. Esta normativa está dirigida a pacientes con enfermedades graves e irreversibles que experimentan un sufrimiento considerable. A pesar de su aprobación, el texto será revisado por el Consejo Constitucional debido a ciertas controversias, marcando un hito significativo en la política social francesa.
La Asamblea Nacional francesa brindó su aprobación final este miércoles a la normativa que regula el derecho a la asistencia para morir, la cual contempla la eutanasia y el suicidio asistido para individuos con padecimientos irreversibles severos y altos niveles de aflicción. El proyecto fue respaldado con 291 votos a favor de los diputados, frente a 241 en contra. La votación de este miércoles representó la ratificación definitiva en tercera lectura, permitiendo a la Cámara baja francesa validar la ley después de un complejo recorrido; desde 2025, el texto había recibido el aval de los diputados en dos ocasiones, pero fue rechazado otras dos veces por el Senado, de mayoría conservadora.
Este proyecto legislativo que legaliza la eutanasia fue impulsado a finales de 2024 por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien se propuso la aprobación de este derecho como uno de los avances sociales de su segundo y último mandato, que culmina en mayo de 2027. No obstante, la norma será ahora evaluada por el Consejo Constitucional a iniciativa del primer ministro designado por Macron, Sébastien Lecornu, quien alberga dudas sobre ciertos segmentos del texto, como el lapso de reflexión del paciente (dos días).
Inmediatamente después de la aprobación de la ley, Macron comunicó, mediante un mensaje en X, que “los recursos ante el Consejo Constitucional seguirán su curso conforme a los principios de nuestro Estado de derecho” y agradeció “a todos los parlamentarios que han hecho posible el debate constructivo y respetuoso”.
El documento, promovido por el diputado Olivier Falorni (de la izquierda independiente y alcalde de La Rochelle), instaura en Francia el derecho a la “ayuda a morir”, que debe ser ejercida por la propia persona involucrada de forma excepcional, si se encuentra físicamente incapacitada, o por un médico o enfermero. Las condiciones para ejercer este derecho incluyen ser mayor de edad y poseer la nacionalidad francesa o residir en el país. Pueden solicitarlo personas que padezcan enfermedades graves e incurables, cuyo pronóstico vital se halle comprometido en una fase avanzada o terminal, con un proceso irreversible de deterioro de la salud y la calidad de vida.
Se debe experimentar un sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que no pueda ser mitigado o que el paciente considere insoportable tras haber optado por rechazar o suspender un tratamiento, aunque se especifica que el sufrimiento puramente psicológico, sin una patología física grave subyacente, no otorga acceso a este derecho. Y para ejercerlo, el implicado debe poseer plena capacidad de discernimiento y ser apto para expresar su voluntad de manera libre y consciente en el momento de realizar la solicitud. En tal caso, debe pedir la asistencia a un médico y el proceso debe formalizarse por escrito y someterse a una evaluación colegiada. A partir de ahí, el médico debe ofrecer una respuesta fundamentada en un plazo de 15 días desde la solicitud. Si se aprueba, el paciente debe confirmar su decisión tras un periodo mínimo de reflexión de 2 días.
Este último punto es precisamente uno de los factores que genera mayor controversia por su duración, y uno de los aspectos que el Gobierno de Sébastien Lecornu presentará ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que la regulación del derecho a morir era una promesa central, en el ámbito social, del segundo mandato de Macron. También se solicitará que se pronuncie sobre las disposiciones aplicables a los adultos bajo tutela o protección judicial, en particular en relación con la expresión de un consentimiento libre e informado, así como sobre el rol de las personas legalmente encargadas de su protección.
La tercera consulta se dirigirá a la articulación entre la cláusula de conciencia de los profesionales sanitarios y la situación de los establecimientos sanitarios y médico-sociales cuya razón de ser es acompañar a los enfermos al final de la vida, sin acelerar su fallecimiento pero también sin obstinación terapéutica, y que excluyen el recurso a la ayuda a morir. El Gobierno, en un comunicado, justificó esta determinación señalando que, aunque la Asamblea Nacional llevó a cabo un debate profundo sobre el texto, el examen en el Senado “no permitió un análisis igualmente exhaustivo” que concilie las expectativas de los defensores de la reforma con las inquietudes de sus detractores sobre su aplicación.
Se espera así que la intervención del Constitucional brinde “las aclaraciones necesarias” para asegurar que su implementación respete plenamente los principios constitucionales, en particular la dignidad humana y la libertad personal. Por su parte, el presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, también había anunciado previamente su propósito de recurrir al Constitucional una vez aprobada la ley.
