La Justicia de Madrid ha dado un nuevo paso en la reclamación de la devolución de miles de multas impuestas por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid, anteriormente conocidas como Madrid Central. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto una pieza separada, a petición de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), para ejecutar la devolución de las sanciones derivadas de la ordenanza de movilidad anulada en 2024. El Ayuntamiento tiene 20 días para presentar alegaciones, mientras AEA denuncia que la ciudad se niega a reembolsar la mayoría de las multas ya pagadas y las impuestas fuera de las zonas de especial protección.
Desde su aprobación inicial como Madrid Central, las zonas de bajas emisiones de la capital han enfrentado constantes desafíos legales. Ahora, bajo la denominación Madrid 360, la Justicia lleva dos años exigiendo al Ayuntamiento que reembolse el dinero a miles de ciudadanos madrileños, y una reciente decisión judicial los acerca a este objetivo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha iniciado una pieza separada en el marco de la ejecución de la sentencia que anuló en 2024 la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid. Esta medida responde a la solicitud de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) para que la Justicia ordene la devolución de las multas impuestas bajo la anterior ordenanza de movilidad.
Actualmente, el Ayuntamiento de Madrid y las demás partes implicadas disponen de un plazo de 20 días para presentar sus alegaciones ante esta resolución.
Para entender el contexto, es necesario remontarse a septiembre de 2024, cuando el TSJM declaró nula la ZBE madrileña. La anulación se fundamentó en la falta de un estudio adecuado que evaluara si estas zonas de bajas emisiones podrían generar un "efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente". El Ayuntamiento de Madrid apeló la decisión ante el Tribunal Supremo, pero el recurso fue desestimado, lo que significó la anulación efectiva de la zona de bajas emisiones.
A pesar de la anulación, durante ese periodo, el Ayuntamiento de Madrid trabajó en la modificación de su ordenanza de movilidad para mantener activa la ZBE, que prohíbe la entrada a toda la ciudad de vehículos sin etiqueta (provenientes de fuera de Madrid) y establece dos zonas interiores de especial protección.
Con el rechazo del recurso, Madrid debería haber devuelto el importe de todas las multas impuestas desde enero de 2022 hasta la entrada en vigor de la nueva ordenanza de movilidad, pero esto no ha ocurrido, al menos no en su totalidad.
El Ayuntamiento de Madrid sostiene que "las sanciones interpuestas con la anterior ordenanza, y que afectan en exclusiva a Plaza Elíptica y Centro, las Zona de Especial Protección que anulaba la sentencia del TSJM, no se devolverán porque se tramitaron con una ordenanza que estaba vigente".
Las multas que dejarán de cobrarse, según la información del Ayuntamiento de Madrid, son:
- Las multas que se encuentren en tramitación y no se hayan pagado.
- Las multas que no se hayan cobrado completamente, aunque estén en vía ejecutiva.
El primer inconveniente es que Madrid no restituye el dinero de las multas ya abonadas, obligando al conductor sancionado a recurrir a la Justicia para reclamar el reembolso. El segundo es que Madrid solo ha estado devolviendo las multas relacionadas con la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y de Plaza Elíptica, áreas con regulaciones específicas que impiden el estacionamiento en la calle a vehículos con etiqueta C y B. En estas zonas, solo los vehículos con etiqueta ECO y Cero emisiones tienen permiso para circular sin restricciones.
La postura de AEA es que el Ayuntamiento de Madrid debe devolver todas las multas (tanto las impuestas en estas zonas especiales como las de acceso a la ciudad), sin importar si ya han sido pagadas o no. Sin embargo, el último movimiento judicial solo abarca las multas pendientes de pago.
Mario Arnaldo, presidente de AEA, ha declarado que Madrid "está actuando como una administración tramposa que solo quiere sacar los cuartos a los madrileños". Según los cálculos de la asociación de defensa de los conductores, entre enero de 2022 y diciembre de 2025 (los datos más recientes disponibles), Madrid ha sancionado a 3,4 millones de conductores por un valor total de 663,29 millones de euros. De esta suma, 203,22 millones de euros corresponden a multas por acceder al municipio madrileño, que la ciudad se niega a devolver.
Además, la asociación recuerda que la Justicia ya les ha dado la razón en recursos presentados para recuperar el dinero de multas ya pagadas. Este trámite debe realizarse de forma individual, y lo que AEA busca es que el Ayuntamiento de Madrid se vea obligado a devolver todo el dinero de forma automática, es decir, los más de 660 millones de euros recaudados.
Actualmente, el incumplimiento de las normas de la ZBE en Madrid es motivo de sanción. El Ayuntamiento de Madrid se ampara en la modificación de abril pasado para mantener activa esta zona de bajas emisiones, una medida que AEA ya ha recurrido al considerar que no se han subsanado los problemas por los cuales el TSJM anuló la ordenanza de movilidad anterior.
De momento, "tiene presunción de legalidad", señalan desde AEA. Esto implica que el Ayuntamiento de Madrid mantiene activas sus ZBE y sanciona a quienes no cumplen las normas, pero la Justicia deberá determinar en el futuro si dicho espacio restringido a los vehículos más contaminantes es legal o si, una vez más, incurre en los mismos errores del pasado.
