Un estudio revela que la aplicación de la ley en establecimientos de bebidas alcohólicas no es uniforme en República Dominicana, concentrándose en ciertas demarcaciones. Los datos de 2024 a 2026 muestran que un grupo selecto de municipios acumula la mayoría de las intervenciones por infracciones como violaciones de horario, contaminación sónica y ocupación de espacios públicos, especialmente en áreas con gran actividad nocturna y afluencia de personas.
La distribución de las advertencias dirigidas a locales que venden bebidas alcohólicas entre los años 2024 y 2026 indica que la acción de las autoridades no se distribuye de manera equitativa por todo el territorio nacional. Una investigación de N Digital sobre las 902 notificaciones registradas en ese lapso demuestra que un pequeño conjunto de municipios concentra la mayoría de los operativos, principalmente en zonas con alta densidad de lugares de entretenimiento, intensa vida nocturna y un gran movimiento de individuos. En estas áreas geográficas, las infracciones más comunes son el incumplimiento de los horarios permitidos, la emisión excesiva de ruido y la ocupación indebida de áreas públicas.
Santo Domingo Este encabeza el listado
El municipio de Santo Domingo Este se posiciona como el área con la mayor cantidad de negocios notificados, con un total de 172 intervenciones, una cifra que supera con creces a los demás municipios del país. En esta jurisdicción se encuentran colmados, bares, 'drinks', licorerías, cafeterías, discotecas y otros puntos de venta de bebidas alcohólicas sancionados, principalmente, por operar fuera de las horas permitidas. También se documentan situaciones de contaminación acústica, bloqueo de vías públicas, presencia de menores de edad, altercados y otras anomalías detectadas durante las inspecciones. La cantidad de avisos refleja que este municipio concentra una parte considerable de la actividad nocturna del Gran Santo Domingo, lo que a su vez incrementa la frecuencia de los operativos de control.
Después de Santo Domingo Este, se ubica el Distrito Nacional, con 101 notificaciones, lo que equivale a casi seis de cada diez casos registrados en el municipio principal. Las inspecciones llevadas a cabo en la capital se relacionaron principalmente con establecimientos que operaban fuera del horario autorizado, contaminación por ruido, invasión de calles y aceras, así como otras irregularidades reportadas por los residentes.
El tercer puesto lo ocupa Santo Domingo Oeste, con 53 notificaciones, seguido muy de cerca por Santo Domingo Norte, con 51. En conjunto, las cuatro demarcaciones del Gran Santo Domingo suman 377 notificaciones, lo que representa una porción importante de todas las intervenciones registradas en el periodo analizado y confirma que la mayor concentración de negocios fiscalizados se localiza en la principal zona urbana del país.
Higüey lidera fuera del Gran Santo Domingo
Fuera del área metropolitana, el municipio con el mayor número de intervenciones es Higüey, donde se emitieron 47 notificaciones. En esta demarcación predominan los establecimientos sancionados por violar el horario, aunque también se registran casos relacionados con contaminación sónica, uso indebido de espacios públicos y agresiones a inspectores durante algunos operativos. La presencia de una intensa actividad turística y comercial convierte a Higüey en uno de los municipios donde las autoridades realizaron un mayor número de inspecciones.
Santiago y los principales polos turísticos también destacan
El municipio de Santiago ocupa el sexto lugar a nivel nacional con 42 notificaciones, seguido por La Romana, con 29, mientras que Verón registra 21 intervenciones. Estos municipios concentran una significativa actividad económica y turística, especialmente en horarios nocturnos, situación que justifica la frecuencia de los operativos realizados durante el período estudiado.
Municipios medianos también registran alta actividad
El estudio también identifica municipios donde, a pesar de que el volumen de establecimientos es menor, las intervenciones fueron constantes. Este es el caso de Castillo, en la provincia Duarte, con 20 notificaciones; Las Terrenas, en Samaná, con 17; San Francisco de Macorís y La Vega, con 15 cada uno; Azua y Barahona, con 14 respectivamente; así como Nagua y Santa Bárbara de Samaná, con 13 intervenciones cada uno. Más abajo aparecen Hato Mayor del Rey, con 11; San Francisco de Macorís (SFM), con 10 registros bajo esa denominación; Las Galeras y San Pedro de Macorís, con 9 cada uno. En la base de datos aparecen registros escritos tanto como “San Francisco de Macorís” como “SFM”, por lo que ambas denominaciones se contabilizaron de forma independiente.
Una docena de municipios apenas registró una intervención
En el extremo opuesto del análisis se encuentran municipios donde las actuaciones de las autoridades fueron mínimas durante los tres años examinados. Los datos muestran que Jamao al Norte, Jimaní, Bánica, Sabana de la Mar, Yamasá, Don Juan, Pepillo Salcedo, El Factor, Arroyo Barril, Hato del Yaque, Las Cañas y Las Gordas registraron una sola notificación cada uno entre 2024 y 2026. Otros municipios presentaron una actividad igualmente reducida. Guayubín, Moca, San Víctor, Comendador, Vicente Noble, Villa Riva, Peralta, Sabana Yegua y Palmar de Ocoa acumularon dos notificaciones cada uno. Mientras tanto, Constanza, Nizao, Villa Altagracia, Fantino, Cevicos y Gaspar Hernández registraron tres intervenciones, cifras considerablemente inferiores a las observadas en las principales zonas urbanas y turísticas.
Una concentración geográfica evidente
El análisis demuestra una clara concentración geográfica de las inspecciones. Mientras Santo Domingo Este acumuló 172 notificaciones, el Distrito Nacional 101, Santo Domingo Oeste 53, Santo Domingo Norte 51 e Higüey 47, una docena de municipios apenas registró un solo caso durante el mismo período. La diferencia pone de manifiesto que las acciones se concentran principalmente en las demarcaciones con mayor cantidad de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, mayor actividad comercial y una vida nocturna más intensa, donde las denuncias por violación de horario, contaminación sónica y ocupación de espacios públicos son más frecuentes.
Negocios que aparecen una y otra vez
La revisión de las 902 notificaciones emitidas entre 2024 y 2026 permitió identificar establecimientos cuyos nombres figuran en más de una ocasión dentro de los registros oficiales, lo que evidencia que algunos negocios fueron advertidos repetidamente por las autoridades sin corregir las irregularidades detectadas. El análisis de N Digital identificó al menos ocho establecimientos que fueron notificados en dos o más ocasiones durante el período analizado. Entre ellos se encuentran 8Teen, en Azua; Centro Cervecero Rey, Onyx Drink y Nova Vape Shop, en el municipio Castillo; Darievis Súper Fría y TMT Billar, en San Francisco de Macorís; Pamela, en Santo Domingo Este, y Oasis, en el Distrito Nacional. En varios de estos casos, las notificaciones fueron emitidas en fechas distintas y por incumplimientos similares, lo que refleja un patrón de reincidencia a pesar de las advertencias realizadas por las autoridades.
Las mismas faltas se repiten
La mayoría de los establecimientos reincidentes fueron notificados por las mismas infracciones que motivaron las primeras intervenciones. La violación del horario autorizado para la venta de bebidas alcohólicas es la falta que aparece con mayor frecuencia entre los negocios reincidentes, seguida por la contaminación por ruido, las notificaciones por ruido combinadas con obstrucción de la vía pública y la ocupación irregular de calles y aceras. El análisis de las actas demuestra que varios establecimientos fueron advertidos nuevamente por mantener prácticamente las mismas conductas detectadas durante inspecciones anteriores, lo que evidencia que, en algunos casos, las primeras notificaciones no fueron suficientes para corregir los incumplimientos.
La reincidencia puede terminar en el cierre del negocio
De acuerdo con el protocolo aplicado por las autoridades, las notificaciones constituyen una advertencia formal sobre las irregularidades detectadas durante una inspección. Sin embargo, cuando un establecimiento reincide o incurre en faltas consideradas graves, las autoridades pueden imponer sanciones administrativas más severas, que incluyen la suspensión temporal de las operaciones e incluso el cierre del negocio. Los datos analizados por N Digital muestran que la reincidencia no constituye un hecho aislado, sino un patrón presente en distintos municipios del país, donde algunos establecimientos continúan acumulando notificaciones por las mismas infracciones a pesar de las advertencias previas de las autoridades.
