Una abogada constitucionalista ha manifestado su inquietud ante el nuevo Código Penal, señalando que ciertas cláusulas podrían liberar de consecuencias legales al Estado, organismos públicos, partidos políticos e iglesias. Además, advierte sobre disposiciones que podrían afectar negativamente al periodismo de investigación. La jurista enfatiza la necesidad de una revisión exhaustiva del proyecto de ley antes de su implementación.
La especialista en derecho constitucional, Patricia Santana, alertó este miércoles que el reciente Código Penal contiene provisiones que eximen de culpabilidad penal al Estado, las entidades gubernamentales, las formaciones políticas y las confesiones religiosas, junto con sus representantes, una medida que calificó de "sumamente seria". "Se trata de la exoneración de responsabilidad penal que se otorga al Estado, a todas las instituciones públicas, a los partidos políticos y a las iglesias, a sus representantes. Se les libera de responsabilidad penal, y eso me parece extremadamente grave", declaró la letrada.
Espionaje y periodismo de investigación.
De igual manera, resaltó la sección referente al espionaje, argumentando que su redacción podría facilitar la persecución judicial de individuos dedicados al periodismo de investigación. "Tanto las organizaciones de la sociedad civil como los profesionales del periodismo de investigación deben prestar especial atención", aseveró.
Piden revisar la pieza con más detenimiento
La abogada Santana cuestionó la celeridad con la que se están analizando las enmiendas a algunos artículos de la propuesta legislativa. En la misma línea, la jurista Mary Fernández expresó preocupación porque, a su juicio, el Congreso Nacional no está dedicando el tiempo suficiente para examinar los aspectos que requieren modificaciones en el nuevo Código Penal. "¿Qué hacemos nosotros, los ciudadanos, si entra en vigor un código con errores significativos?", preguntó.
Fernández sostuvo que el Congreso no tiene por qué apresurar la revisión de la normativa y argumentó que los legisladores deben corregir cualquier disposición que presente deficiencias, ya sea antes o después de su aplicación.
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