República Dominicana enfrenta un grave problema de salud pública y seguridad vial, ubicándose entre los países con mayor índice de muertes y lesiones por accidentes. Este fenómeno afecta principalmente a jóvenes y se asocia con el elevado número de motocicletas en circulación. La situación genera preocupación y moviliza a las autoridades en busca de soluciones, dada la magnitud del costo humano y económico para el país.
La República Dominicana se encuentra ante uno de los retos más significativos en materia de salud pública y seguridad en las vías de la región. El país está entre las naciones con mayor número de fallecimientos y heridos a causa de siniestros viales, que afectan predominantemente a jóvenes adultos y están estrechamente ligados al uso de motocicletas. Esta realidad mantiene en alerta a especialistas y a la población, quienes aún se cuestionan por qué la nación caribeña sigue registrando una de las tasas más altas de mortalidad en carretera, un fenómeno que incide mayormente en hombres y jóvenes en edad productiva.
Uno de los elementos más influyentes es el incremento constante del parque de motocicletas. De acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), estos vehículos motorizados persisten como el principal medio de transporte en el país, con 3,994,153 unidades inscritas. Les siguen los automóviles particulares, con 1,173,130; los vehículos utilitarios deportivos (jeeps), con 829,690, y los camiones de carga, con 588,610.
Solo en la primera mitad de 2026, 205,269 vehículos nuevos se incorporaron al parque vehicular nacional, según las estadísticas de la DGII actualizadas al 8 de julio del presente año. De este total, 143,692 eran motocicletas, lo que equivale a aproximadamente el 70 % de las nuevas adiciones. Después se ubicaron los jeeps, con 30,080 unidades; los automóviles privados, con 13,478, y los vehículos de carga, con 11,988.
JÓVENES Y ACCIDENTES
El aumento en la cantidad de motocicletas concuerda con los datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), los cuales señalan que el 52.6 % de las personas afectadas en accidentes de tráfico estuvieron involucradas en colisiones con motocicletas, convirtiendo a este tipo de percance en el más prevalente en el país. El 26.5 % de las víctimas correspondió a accidentes por resbalones o volcamientos, mientras que el 12.7 % ocurrió por atropellos a transeúntes. Los choques entre vehículos representaron el 5.9 % de las víctimas.
Por otro lado, el 1.5 % fue clasificado en otras categorías de accidentes, el 0.8 % correspondió a atropellos de animales y no se registraron víctimas por colisiones con objetos fijos. Las estadísticas también revelan que los jóvenes concentran la mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito. El grupo etario de 20 a 24 años presenta el porcentaje más alto de fallecidos, con 10.9 %, seguido por las personas de 25 a 29 años, con 10.2 %; las de 30 a 34 años, con 9.9 %, y el grupo de 15 a 19 años, con 8.3 %.
Las personas de 35 a 39 años representan el 7.4 % de los decesos, mientras que los mayores de 70 años concentran el 6.1 %. Los fallecidos de 40 a 44 años equivalen al 5.3 % del total, seguidos por los grupos de 45 a 49 años, con 4.3 %; de 60 a 64 años, con 3.9 %; de 50 a 54 años, con 3.8 %; de 55 a 59 años, con 3.7 %, y de 65 a 69 años, con 3.4 %. Entre los menores de edad, los adolescentes de 10 a 14 años representan el 0.9 % de los fallecidos; los niños de 0 a 4 años, el 1.1 %, y los de 5 a 9 años, el 0.3 %. El informe también señala que en el 20.6 % de los casos no fue posible determinar la edad de la víctima.
La distribución por género muestra una notable disparidad. Los hombres constituyen el 87.6 % de los fallecidos, con 951 víctimas mortales, mientras que las mujeres concentran el 12.4 %, equivalente a 134 fallecidas. Esto se alinea con cifras globales, ya que, según el Informe sobre el Estado Mundial de la Seguridad Vial 2023 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país ocupa la segunda posición en la Región de las Américas y el puesto 13 a nivel global en muertes por accidentes de tránsito.
EL COSTO PARA EL ESTADO
La magnitud del problema motivó al presidente Luis Abinader a firmar, en noviembre de 2024, el Decreto 656-24, que declaró de alto interés la seguridad vial y ordenó la formulación e implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, con el Intrant como entidad coordinadora. Durante la presentación de esta estrategia se informó que, entre 2016 y 2024, los accidentes de tránsito afectaron a 26,257 individuos, una cifra que, según las autoridades, sobrepasa el impacto de otras emergencias sanitarias en términos de vidas perdidas.
Los días sábado, domingo y lunes registraron la mayor cantidad de incidentes. También se indicó que entre enero y septiembre de 2024, el 25 % de las personas que perdieron la vida tenían entre 25 y 34 años, principalmente en el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia. A esto se añade el impacto financiero. Solo durante 2023, aproximadamente 121,850 personas resultaron heridas en accidentes de tránsito, lo que representó un gasto estimado de RD$130,000 millones para el sistema de salud, una carga económica que sigue creciendo y que plantea desafíos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, la productividad laboral y las políticas de prevención.
