Un paciente y abogado, Ariel Roberto Contreras Medos, ha interpuesto una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y su director. La acción legal se basa en la alegada negativa inicial y el posterior retraso en la aprobación de un tratamiento crucial para su carcinoma papilar de tiroides, lo que, según el demandante, vulneró sus derechos fundamentales a la salud y a la vida.
El litigante y afectado por cáncer, Ariel Roberto Contreras Medos, presentó una acción legal por daños y perjuicios contra el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y su titular, Edward Guzmán Padilla. La demanda se fundamenta en la supuesta denegación inicial y la subsiguiente demora en la autorización de un procedimiento médico necesario para tratar un carcinoma papilar de tiroides. Esta acción legal fue radicada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y argumenta que la conducta de la aseguradora estatal habría afectado los derechos esenciales del paciente a la sanación, a la existencia, a la dignidad personal y a una efectiva protección judicial.
Conforme a lo expresado en la demanda, Contreras Medos recibió un diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides en diciembre de 2024 y, posteriormente, se sometió a una tiroidectomía completa en CEDIMAT. El informe anatomopatológico, según el expediente, corroboró la presencia de un carcinoma papilar de tipo clásico con invasión de la cápsula tiroidea.
Después de la intervención quirúrgica, especialistas en endocrinología y medicina nuclear prescribieron una terapia ablativa con yodo radiactivo I-131, en una dosis de 100 milicurios. El propósito de este tratamiento era eliminar posibles células malignas remanentes y disminuir el riesgo de recurrencia o propagación de la enfermedad.
La acción judicial sostiene que SENASA inicialmente rechazó la cobertura. De acuerdo con el proceso judicial, el paciente entregó a SENASA la prescripción médica, los estudios clínicos pertinentes y el presupuesto del procedimiento. Sin embargo, el 3 de febrero de 2025, recibió un comunicado de la institución informando que la radioyodoterapia no estaba incluida en su plan de servicios, por lo que no podía ser cubierta.
La parte demandante afirma que esta decisión lo obligó a interponer un recurso de amparo de extrema urgencia para conseguir el acceso al tratamiento, mientras el procedimiento permanecía sin autorización. Asimismo, declara que el retraso lo forzó a permanecer por un período más largo de lo previsto bajo terapia hormonal de sustitución y una dieta restringida en yodo. Esta situación, según la demanda, le habría causado afectaciones físicas, emocionales, cognitivas y profesionales.
El expediente judicial detalla que el 24 de febrero de 2025, la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó a SENASA cubrir el 80 % del costo de la radioyodoterapia y estableció una multa por cada día de incumplimiento. No obstante, la demanda argumenta que la cobertura supuestamente no fue autorizada de inmediato, lo que derivó en nuevas acciones judiciales, solicitudes de liquidación de multas y recursos presentados ante el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia.
Según los documentos presentados por la parte actora, ambas altas cortes rechazaron las acciones promovidas por SENASA para suspender o impugnar la ejecución de las decisiones favorables al paciente. La demanda también sostiene que la institución presuntamente mantuvo una conducta de incumplimiento continuo, lo que obligó al afectado a iniciar procedimientos de ejecución forzosa para lograr el cumplimiento de las sentencias.
En su acción, Contreras Medos argumenta que los hechos supuestamente configuran un funcionamiento irregular de la Administración pública y una deficiencia en la prestación del servicio. Considera que SENASA habría negado inicialmente un tratamiento indicado por especialistas y, posteriormente, habría demorado su autorización a pesar de la existencia de decisiones judiciales. Por ello, solicita al Tribunal Superior Administrativo que declare la responsabilidad patrimonial de SENASA y de los funcionarios mencionados, así como que establezca una indemnización por los daños materiales, morales, psicológicos, biológicos y profesionales que alega haber padecido.
De forma paralela, Contreras Medos presentó una querella con constitución de actor civil ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra exfuncionarios de SENASA y otras personas vinculadas al sector privado. En esa instancia, solicita que los hechos sean investigados dentro del expediente conocido como Operación Cobra y que las autoridades determinen si la presunta negativa inicial y las supuestas demoras fueron resultado de decisiones administrativas aisladas o si guardan relación con posibles irregularidades más amplias en la gestión de los servicios de salud.
Las acusaciones contenidas tanto en la demanda como en la querella deberán ser examinadas por las autoridades competentes, respetando el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia de todas las personas involucradas.
