El Tribunal Supremo de Singapur ha dictaminado contra Bloomberg, ordenando al medio pagar 356.000 dólares a dos ministros del gobierno por difamación. La sentencia surge de un artículo de diciembre de 2024 que sugería operaciones inmobiliarias cuestionables por parte de los funcionarios, quienes calificaron la publicación de falsa y maliciosa. Los ministros anunciaron que donarán la indemnización a organizaciones benéficas.
El Tribunal Superior de Singapur emitió un veredicto favorable a dos ministros del gobierno en un pleito por difamación entablado contra Bloomberg. La disputa se originó por un artículo que insinuaba transacciones inmobiliarias dudosas por parte de los funcionarios, resultando en una orden judicial para que la compañía estadounidense abone 356.000 dólares en concepto de compensación a los políticos.
El ministro del Interior y Seguridad Nacional, K Shanmugam, y el ministro de Trabajo, Tan See Leng, manifestaron su satisfacción con la resolución judicial, hecha pública el lunes. Al mismo tiempo, reafirmaron sus objeciones al reportaje periodístico en cuestión, publicado en diciembre de 2024, al cual tildaron de engañoso y malintencionado.
Mediante una publicación en Facebook, Shanmugam enfatizó que el escrito representó un ataque intencionado a la integridad personal y la reputación profesional de ambos ministros, al incluir alegaciones sobre la posibilidad de que hubieran incurrido en blanqueo de capitales en la próspera ciudad-estado. Según Shanmugam, en Bloomberg “tramaron una excusa para hallar una forma de publicar una historia sobre nosotros” y “tomaron la decisión editorial deliberada de caracterizar mi transacción como material de ataque político”.
Entre los aspectos más serios del contenido, a juicio del ministro, se encuentran las afirmaciones de que los ministros “mantenían en secreto ante el público” y el Gobierno ciertas operaciones inmobiliarias, algo que, insistió, es completamente incierto y fácilmente refutable. “El tribunal determinó que Bloomberg no cumplió con los estándares de un periodismo responsable. Hicieron acusaciones ‘muy graves’ de irregularidades —incluido el blanqueo de dinero— contra nosotros y tampoco nos brindaron la oportunidad adecuada para responder”, agregó Shanmugam.
Ambos ministros comunicaron su intención de destinar la indemnización a entidades caritativas, sumando los 356.000 dólares de la sanción impuesta por el Supremo de la isla semiautocrática, donde rigen leyes estrictas para la preservación del orden público.
El proceso judicial hizo uso de la ley POFMA, un marco legal de Singapur sumamente riguroso, criticado por organizaciones que defienden la libertad de expresión, dado que autoriza al Gobierno a exigir a los medios que apliquen correcciones o retiren contenido considerado erróneo.
