El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra diez individuos y cuatro empresas, involucrados en la Operación Lobo, una trama que presuntamente distribuyó más de 108 millones de pesos en sobornos. El objetivo era asegurar y mantener contratos de seguridad privada en diversas instituciones públicas. La solicitud de apertura a juicio ya fue entregada a la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
La Fiscalía General informó este miércoles la presentación de cargos formales contra diez individuos y cuatro compañías, identificados como parte de una organización desmantelada bajo la "Operación Lobo". Esta red es señalada por haber distribuido más de 108 millones de pesos en pagos ilícitos con el fin de obtener y conservar acuerdos para servicios de seguridad privada en diversas entidades gubernamentales.
La imputación fue entregada a la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, junto con una petición para iniciar el proceso judicial contra los implicados. Entre los acusados se encuentran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la firma Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); Ramón Quezada Ortiz, del Departamento de Seguridad de Edeeste; Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, ambos antiguos encargados de Seguridad de Edenorte.
También se acusó a Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste; Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar. De igual forma, el expediente incluye como entidades jurídicas a Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company S.A. y Magesty Recycling S.R.L.
Según la Fiscalía, esta estructura distribuyó pagos ilegales por un total de 108,080,359 pesos a directivos de seguridad de diversas instituciones del Estado, con el propósito de garantizar la adjudicación, continuidad y ejecución de contratos de vigilancia privada. La investigación, llevada a cabo por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el respaldo de la Dirección General de Persecución, se originó a partir de una denuncia enviada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
De acuerdo con la acusación, la empresa Senase habría efectuado pagos irregulares entre 2012 y 2025, a través de transferencias bancarias y entregas de efectivo, con la finalidad de asegurar la permanencia de sus acuerdos contractuales con instituciones públicas. La Fiscalía sostiene que los funcionarios involucrados recibían sobornos a cambio de mantener vigentes las contrataciones, acelerar trámites administrativos y evitar una supervisión efectiva de los servicios prestados, lo que permitió a las empresas beneficiarse de recursos públicos mediante métodos engañosos.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación ilícita, fraude contra el Estado y lavado de activos, dentro del marco de esta "Operación Lobo", desarrollada el año pasado y que resultó en la detención de militares y civiles presuntamente vinculados a la red.
