El senador Antonio Taveras, representante de Santo Domingo, ha manifestado su desacuerdo con la aplicación del '29' para combatir la criminalidad, instando al Senado a convocar a los líderes del Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Busca que estas autoridades aclaren las muertes ocurridas en presuntos enfrentamientos armados, enfatizando la importancia de la transparencia y el debido proceso legal sobre la violencia.
El legislador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, cuestionó la práctica conocida como “29” para enfrentar la criminalidad y demandó al Senado citar a los funcionarios del Ministerio de Interior y Policía y de la Policía Nacional. Su objetivo es que rindan cuentas sobre los decesos reportados en supuestos intercambios de disparos. Durante una alocución ante el pleno, el senador declaró: “Si la criminalidad se soluciona con el ‘29’, entonces deberíamos cerrar los juzgados, expandir los cementerios y olvidar cualquier reforma policial”. Con esta advertencia, rechazó la normalización de acciones que eluden los procesos judiciales.
Taveras hizo referencia a informaciones difundidas en los medios sobre siete personas fallecidas en solo 72 horas, que se suman a las 104 registradas entre los meses de septiembre y octubre. “Detrás de cada estadística hay un ciudadano dominicano cuya pérdida de vida debe ser explicada. Y es aún más grave que nadie asuma la responsabilidad”, señaló.
El senador expresó su preocupación por la falta de atención a la solicitud de invitar a las autoridades al Senado para que presenten su versión de los acontecimientos. Adicionalmente, exigió que se muestren las grabaciones de las cámaras de vigilancia disponibles que permitirían esclarecer las circunstancias de estas muertes. Consideró que la honestidad contribuiría a fortalecer la confianza en una institución policial capaz de resguardar a la población sin incurrir en excesos. “Lo que defendemos es un sistema legal donde se proteja la existencia de todos, sin distinciones”, afirmó.
El pasado 15 de octubre, el senador había presentado una moción mediante la cual proponía convocar a la ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful, y al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, para que comparecieran ante el pleno del Senado. El propósito era que explicasen las muertes causadas por agentes policiales y los protocolos institucionales aplicados en tales situaciones.
