El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ha decidido enviar a juicio al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez). Ambos son investigados por su supuesta conexión con el caso Camaleón, que implica irregularidades en un contrato millonario para modernizar la red semafórica del Gran Santo Domingo. La jueza Yanibet Rivas determinó que hay pruebas suficientes para que sean juzgados.
El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ha ordenado el inicio de un proceso judicial en contra del antiguo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y del empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochy Gómez. Esta medida se tomó por su presunta participación en lo que se ha denominado el caso Camaleón. La resolución fue dictada por la magistrada Yanibet Rivas, quien consideró que existen elementos probatorios suficientes para que ambos individuos sean juzgados por los hechos que les imputa el Ministerio Público.
La investigación se centra en la adjudicación de un contrato valorado en más de 1,300 millones de pesos dominicanos, destinado a la actualización de la red de semáforos del Gran Santo Domingo. Según el organismo acusador, durante el proceso de contratación se habrían producido anomalías que beneficiaron a compañías ligadas a la trama bajo investigación. El Ministerio Público sostiene que las acciones llevadas a cabo causaron detrimento al Estado dominicano y comprometieron la transparencia en la administración de los fondos públicos.
Además de las supuestas irregularidades en la contratación, los acusados enfrentan imputaciones relacionadas con fraude, sabotaje y presuntos actos de terrorismo vinculados al sistema de semáforos de la capital. Las autoridades afirman que la estructura investigada habría tenido acceso y control sobre áreas consideradas críticas dentro de la infraestructura tecnológica empleada para la gestión del tránsito. Con la determinación emitida este viernes, el expediente avanza a una nueva etapa, en la cual el Ministerio Público deberá presentar sus evidencias ante un tribunal de fondo.
Durante el juicio, tanto la parte acusadora como las defensas tendrán la oportunidad de discutir las pruebas y los argumentos que respaldan sus respectivas posturas. El caso Camaleón ha sido uno de los procedimientos judiciales más trascendentales relacionados con contrataciones gubernamentales y tecnología en los últimos años, debido a la magnitud del acuerdo bajo investigación y a la seriedad de los cargos formulados por las autoridades.
