Tras un nuevo aplazamiento en la audiencia del Caso Nido o Indisarq, las víctimas y sus representantes legales han manifestado su expectativa de que el proceso judicial finalmente se dirija hacia un juicio de fondo. Esperan que se desestime el recurso de apelación presentado por la defensa del principal acusado, Emmanuel Rivera Ledesma, quien enfrenta cargos por un presunto fraude inmobiliario que ha afectado a cientos de personas.
Luego de que este jueves se pospusiera para el 25 de junio la sesión judicial vinculada al Caso Nido, también conocido como Indisarq, los afectados y sus asesores legales expresaron su deseo de que el procedimiento avance hacia una fase de juicio y que se rechace la apelación interpuesta por los abogados de Emmanuel Rivera Ledesma, señalado como el líder de una supuesta trama de engaño inmobiliario.
Rivera Ledesma enfrenta imputaciones por fraude, falsificación de documentos, conformación de banda criminal y blanqueo de capitales, en un expediente que, según la Fiscalía, habría perjudicado a cientos de individuos que invirtieron sus ahorros en desarrollos habitacionales que jamás se concretaron.
Uno de los juristas que representa a los perjudicados señaló que confían en que los magistrados actuarán conforme a las pruebas presentadas y permitirán que el asunto sea tratado en un juicio de fondo.
“Buscamos que se celebre el juicio de fondo porque los cargos que se le imputan son extremadamente serios. Hay individuos que enfermaron y otros que incluso perecieron esperando una respuesta de la justicia”, declaró el letrado.
Asimismo, afirmó que muchas de las familias damnificadas quedaron prácticamente en la miseria después de invertir sus ahorros con la esperanza de adquirir una casa en el país, por lo que considera vital que se imponga una pena ejemplar a los responsables.
Por su parte, el abogado Fernando Montero explicó que la ausencia de algunos de los implicados fue una de las causas que motivó la postergación de la audiencia. Indicó que Eduardo Rivera, hijo de Emmanuel Rivera, no pudo presentarse debido a problemas de salud que le obligan a guardar reposo, situación que fue validada con un certificado médico.
Montero añadió que otro de los imputados no se presentó ante el tribunal debido a una equivocación con la fecha de la sesión, según lo comunicado por su defensor. En consecuencia, el tribunal decidió reprogramar la revisión del proceso para el próximo 25 de junio.
Mientras tanto, Fernanda Acena, una de las personas afectadas por el supuesto engaño, manifestó su desilusión por las constantes demoras del caso. Aseguró que perdió aproximadamente 25 mil dólares y que, hasta el momento, no ha logrado recuperar su capital.
“Estamos hartos de tantas dilaciones. Este proceso ha sido muy complicado para todas las víctimas y lo único que deseamos es que se haga justicia”, afirmó.
En la misma línea se expresó Ricardo Alcántara, otro de los abogados que representa a los damnificados, quien describió el proceso como extenso y agotador para las víctimas. “Continuaremos apoyando a nuestros representados hasta conseguir una condena acorde con los daños ocasionados”, afirmó.
Alcántara aprovechó para aconsejar a los dominicanos residentes en el extranjero y a los inversores que verifiquen meticulosamente la trayectoria y la reputación de las compañías antes de realizar cualquier inversión inmobiliaria en República Dominicana, con el propósito de evitar situaciones parecidas.
Según el Ministerio Público, la supuesta organización habría perjudicado a más de 500 personas mediante la comercialización de residencias en siete proyectos inmobiliarios. Las autoridades estiman que el fraude supera los RD$235 millones y los US$10 millones.
La acusación señala presuntas infracciones a los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano, relacionados con asociación de malhechores, estafa y falsificación de documentos.
La indagación se inició tras una denuncia presentada en octubre de 2023 en el programa de investigación periodística “N Investiga”, dirigido por la periodista Nuria Piera. Posteriormente, el Ministerio Público ejecutó la Operación Nido el 3 de enero de 2024, realizando 25 operativos simultáneos en las provincias San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
