La Unión Nacional de Empresarios (UNE) ha presentado un conjunto de propuestas clave para reformar la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. La organización insta al Congreso Nacional a involucrar activamente al sector empresarial formal antes de promulgar cualquier legislación que pueda influir en la economía y la producción. Estas iniciativas buscan fomentar mercados más justos y competitivos, protegiendo al mismo tiempo a las empresas y el empleo.
En Santo Domingo, la Unión Nacional de Empresarios (UNE) presentó el jueves una serie de cinco puntos clave destinados a guiar la revisión de la Ley 42-08, que trata sobre la Defensa de la Competencia. Simultáneamente, la organización instó al Congreso Nacional a garantizar la participación activa del sector empresarial formal antes de aprobar cualquier nueva legislación que pueda afectar el mercado o la actividad productiva. Esta iniciativa surgió durante una reunión empresarial llevada a cabo en Cava Alta, donde la entidad recibió a María Elena Vásquez, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, para dialogar sobre los retos y las oportunidades que presenta la modificación de la regulación vigente.
Al dirigir el evento, Julio García, presidente de la UNE, afirmó el apoyo de su organización a los esfuerzos de ProCompetencia por impulsar mercados más transparentes y competitivos, lo cual beneficia a los consumidores. No obstante, advirtió que la regulación no debe transformarse en una carga que perjudique a quienes crean empleos e impulsan la inversión. “Ninguna normativa debería terminar sancionando al empresario que cumple, invierte y genera oportunidades”, manifestó García.
El líder empresarial resaltó la relevancia de salvaguardar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), recordando que una gran parte de las corporaciones importantes comenzaron como pequeños proyectos. Asimismo, expresó su desacuerdo con los privilegios injustificados, la informalidad, las cargas fiscales excesivas y los abusos de posiciones dominantes que distorsionan la competencia. García también subrayó que la certidumbre jurídica es un componente fundamental para el desarrollo económico. “Sin normas predecibles, seguridad legal y proporcionalidad en la regulación, no puede haber una inversión sostenible”, declaró.
Entre las propuestas presentadas por la UNE se incluye que la reforma preserve la libre competencia sin obstaculizar el crecimiento legítimo de las empresas dominicanas, especialmente las Mipymes. Además, sugirió que las acciones de la autoridad reguladora se basen en criterios técnicos, objetivos, accesibles al público y susceptibles de revisión, asegurando la transparencia de los procedimientos. La organización también defiende la protección de la confidencialidad de la información empresarial durante las investigaciones, análisis de mercado y revisión de operaciones, así como el establecimiento de períodos de transición razonables, acompañados de programas de formación que permitan a las empresas adaptarse a las nuevas disposiciones.
Otro de los planteamientos fundamentales es que el Congreso Nacional escuche de manera efectiva al sector empresarial durante el proceso de debate legislativo. “Ninguna política pública que impacte al mercado debe ser diseñada sin la participación de quienes producen, invierten y generan empleo”, enfatizó García.
Durante su intervención, el presidente de la UNE consideró que ProCompetencia puede desempeñar un rol estratégico no solo como entidad sancionadora, sino también como aliada del desarrollo productivo, identificando obstáculos administrativos, trabas regulatorias y normativas que complican la libre empresa. En este sentido, propuso la creación de una agenda colaborativa entre ProCompetencia, el Congreso Nacional y los sectores empresariales para desarrollar guías prácticas, programas de formación y mecanismos preventivos que fortalezcan el cumplimiento normativo y mejoren la competitividad de las empresas.
El encuentro tuvo lugar en un momento en que se discute el Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica, una iniciativa que prevé la derogación de la Ley 42-08, la cual dio origen a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Al finalizar la actividad, García felicitó a María Elena Vásquez por la gestión que ha realizado al frente de ProCompetencia desde su nombramiento en octubre de 2021, y reiteró la disposición de la UNE de colaborar con sugerencias y acciones que promuevan una cultura empresarial basada en la transparencia, el cumplimiento de las normativas y la competencia justa.
