El director de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, ha confirmado que la investigación sobre Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina, permanece activa. A pesar de un acuerdo previo, las autoridades siguen explorando la participación de otros individuos en el presunto esquema de corrupción ligado a las empresas distribuidoras de electricidad, sugiriendo posibles nuevas colaboraciones o acciones judiciales.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que el proceso judicial concerniente a Maxy Gerardo Montilla Sierra, familiar político del exmandatario Danilo Medina, sigue en desarrollo. Esto se debe a que las indagaciones en curso señalan la implicación de otras personas en el presunto entramado de corrupción relacionado con las compañías encargadas de la distribución eléctrica.
Durante una entrevista en el programa televisivo El Día, Camacho explicó que el expediente no se cerró con el pacto alcanzado entre el Ministerio Público y Montilla Sierra. Por el contrario, las pesquisas prosiguen con el fin de establecer posibles responsabilidades adicionales. “El proceso no se ha concluido porque hay más implicados en este asunto. Existe una indagación activa en el Ministerio Público”, declaró.
El funcionario añadió que varias de las personas mencionadas en la investigación han manifestado interés en cooperar con las autoridades. Por tal motivo, el organismo persecutor está evaluando la posibilidad de concretar nuevos pactos de colaboración. “Hay otros individuos señalados en esta situación que han expresado su deseo de colaborar y el Ministerio Público lo está considerando”, indicó.
Acuerdo por RD$3,000 millones
En septiembre de 2025, Maxy Montilla Sierra firmó un convenio con el Ministerio Público. A través de este, se comprometió a restituir RD$3,000 millones como parte de las averiguaciones derivadas del caso de corrupción administrativa vinculado a las empresas distribuidoras de energía. De la suma acordada, RD$2,000 millones serían entregados en efectivo al Estado dominicano, mientras que el resto se repartiría entre las compañías distribuidoras de electricidad y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Según la explicación de Camacho, uno de los factores que influyó en la determinación del Ministerio Público para llegar a un acuerdo fue el tiempo que habría implicado llevar el proceso completo a los tribunales. “Uno de los elementos que el Ministerio Público ponderó para alcanzar dicho acuerdo fue la variable tiempo”, señaló.
El convenio también incluye la cooperación de Montilla Sierra con las investigaciones que se están llevando a cabo y el suministro de información pertinente para el avance del expediente.
Empresas fueron utilizadas para contrataciones fraudulentas
Conforme al documento suscrito por las partes, el Ministerio Público sostiene que Montilla Sierra y otros implicados emplearon diversas corporaciones para obtener contratos públicos de manera irregular. Según la acusación, estas compañías fueron usadas como instrumentos societarios para participar en procesos de contratación estatal, transgrediendo las normativas que rigen las compras y contrataciones públicas.
El acuerdo establece que tales acciones facilitaron la obtención de adjudicaciones ilícitas, en detrimento del patrimonio del Estado dominicano.
Disolución de empresas
Como parte de los compromisos adquiridos, el acuerdo también prevé la disolución de varias empresas relacionadas con la investigación en un plazo de dos años. Entre ellas se encuentran Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa, NSD Importaciones Diversas, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, Importadora Eaglerise, TLC Negocios Globales, Watmax Lighting, Herrajes Eléctricos RPC y MG Solomon Corporation.
Las averiguaciones forman parte de una línea de investigación derivada del expediente que involucra a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina. En este caso, el Ministerio Público ha denunciado la existencia de una red que habría utilizado conexiones políticas para obtener contratos estatales y beneficios económicos de forma indebida.
Las declaraciones de Camacho sugieren que el caso aún podría generar nuevas acusaciones o pactos de cooperación, a medida que progresen las investigaciones abiertas por el Ministerio Público.
