El Senado de la República Dominicana ha dado luz verde a un proyecto de ley crucial que introduce medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y estrategias para mitigar la crisis internacional. Esta iniciativa gubernamental busca generar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales para fortalecer las finanzas públicas, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y asegurar los recursos necesarios para inversión pública y programas sociales, todo ello sin modificar el ITBIS ni afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El miércoles, el Senado de la República ratificó en dos lecturas consecutivas la propuesta de ley que contiene disposiciones para el crecimiento económico, la simplificación tributaria y la atenuación de la crisis global, presentada por el Poder Ejecutivo. Esta iniciativa forma parte de la táctica del gobierno para obtener nuevos ingresos y recaudar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales, con el fin de disminuir el impacto de la situación internacional en las finanzas públicas. El plan, según el Ejecutivo, busca la sostenibilidad y la protección de la ciudadanía ante la crisis mundial, procurando robustecer las finanzas estatales, mantener la estabilidad económica general y asegurar los fondos indispensables para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y los programas de asistencia social.
Según lo indicado por el Ministerio de Hacienda, el esquema de ingresos se diseñó bajo un principio fundamental: no alterar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ni su tarifa ni su base imponible; conservar sin cambios la mayoría de los impuestos selectivos aplicados a combustibles, bebidas alcohólicas, cigarrillos y telecomunicaciones; y eximir a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuevas obligaciones fiscales.
La principal disposición de consolidación fiscal establece un recargo de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) para empresas, lo que elevaría temporalmente la tasa a 30 % durante tres años para los grandes contribuyentes con ganancias anuales superiores a RD$1,000 millones. Este grupo comprende poco más de 1,000 compañías de un total de 140,000 que presentaron declaración del ISR en 2025, representando menos del 0.8 % del total. A esta medida se suman el incremento del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 %, la creación de un impuesto selectivo al consumo para cigarrillos electrónicos y vapeadores, el aumento de la tributación sobre casinos y juegos de azar, así como un incremento de diez dólares al impuesto sobre los pasajes aéreos.
ACCIONES CONTRA LA EVASIÓN
Hacienda sostiene que el proyecto fortalece los mecanismos de supervisión fiscal al permitir la percepción del ITBIS en la Dirección General de Aduanas para importaciones realizadas por contribuyentes informales, expandir las retenciones del ISR en sectores de difícil fiscalización, implementar sistemas de rastreo para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, y otorgar al Ministerio de Hacienda y Economía competencias para objetar decisiones relacionadas con leyes de incentivos cuando estas generen riesgos fiscales.
La iniciativa introduce disposiciones orientadas a disminuir la carga fiscal sobre los sectores con menores ingresos. Entre ellas se encuentra la actualización por inflación del umbral no imponible del ISR para personas físicas, que pasaría de RD$34,685.00 a RD$39,900.00, cantidad que, según el Gobierno, cubre el costo de la canasta familiar correspondiente al segundo quintil de ingresos. Asimismo, se incrementa la deducción por gastos educativos de 25 % a 30 %, porcentaje que podría alcanzar hasta 50 % cuando los gastos beneficien a personas con discapacidad, autismo o trastornos del neurodesarrollo. Estas regulaciones entrarían en vigor en enero de 2027.
Para las microempresas, que constituyen el 78 % de las compañías que reportaron ISR en 2025, se eliminarían los anticipos del impuesto. Las pequeñas empresas pasarían de realizar 12 pagos al año a solo tres, mientras que el sector agropecuario quedaría exento tanto de anticipos como del impuesto a los activos.
SUPRESIÓN DE IMPUESTOS HISTÓRICOS
Tal como había informado previamente el Ministerio de Hacienda, el proyecto incluye la anulación de varias tasas consideradas caducas. Entre ellas se encuentran el impuesto a las hipotecas, vigente desde 1890; el impuesto a los fósforos, instaurado en 1935; y la ley de control de estampillas, de 1966. También se suprimirían progresivamente los impuestos aplicados a la creación de empresas y al seguro de vida, medidas que el Gobierno considera beneficiosas para la competitividad y la formalización económica.
El principio rector de la propuesta, conforme a la presentación realizada por Magín Díaz, es «reducir lo no prioritario, posponer lo no esencial y resguardar las funciones vitales del Estado». El funcionario explicó que en 2025 el gasto corriente se contrajo en 0.5 % del PIB, mientras que el gasto de capital aumentó. Igualmente, aseguró que el gasto en publicidad se encuentra en mínimos históricos, representando el 0.099 % del PIB y el 0.52 % del gasto total entre 2021 y 2025. Durante ese mismo período, afirmó que la Ley de Responsabilidad Fiscal se cumplió holgadamente en su primer año de aplicación, lo que permitió al país emitir bonos soberanos a tasas similares a las de México e inferiores a las de Colombia, registrando los márgenes más bajos de su historia para instrumentos comparables.
