El Ministerio Público ha ejecutado 36 operaciones significativas contra el crimen organizado desde 2020, destacando 11 casos de corrupción administrativa. En cuatro de estos casos, los fiscales han logrado un total de 95 condenas, evidenciando un avance sustancial en la lucha contra la criminalidad. Estas acciones subrayan el compromiso de la institución en combatir estructuras delictivas y la corrupción.
Al presentar las iniciativas del Ministerio Público frente a la delincuencia organizada, el procurador adjunto Wilson Camacho subrayó 36 intervenciones, de las cuales 11 corresponden a expedientes de corrupción gubernamental. En cuatro de estos, los fiscales obtuvieron 95 sentencias condenatorias. Camacho, quien actualmente lidera la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, declaró: “Desde el año 2020 hasta la fecha, hemos llevado a cabo 36 operaciones en la batalla no solo contra la corrupción, sino también contra el crimen organizado, siendo la más reciente Onco14”.
Durante una conversación con las periodistas Edith Febles y Amelia Deschamps en la entrevista principal del programa televisivo El Día, Camacho enfatizó el progreso en la represión del crimen impulsada por la actual administración del Ministerio Público, encabezada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien previamente ocupó el cargo de directora general de Persecución del Ministerio Público.
Camacho hizo referencia a cuatro de las primeras intervenciones del Ministerio Público en la confrontación de la corrupción administrativa. “Analicemos las primeras cuatro, para determinar su estado actual, lo acontecido y los logros del Ministerio Público”, expresó. “La primera operación que iniciamos fue la que se siguió contra Juan Alexis Medina y sus asociados, quienes han sido sentenciados a 7 años”, detalló. En ese contexto, mencionó que la segunda fue la Operación 13, dirigida al exdirector de la Lotería, con ocho individuos condenados en ese proceso.
“La tercera de las operaciones fue Coral y Coral 5G; Coral 5G se desarrolló un poco después; pero la tercera es la operación Coral, y en ella hay 29 personas sentenciadas, 22 individuos y siete entidades, sumando 29”, indicó. Mencionó que en el proceso contra Juan Alexis Medina y sus colaboradores también hay 29 personas condenadas. “El cuarto expediente que aún se encuentra en los tribunales, sin haber concluido, es el seguido a Jean Alain Rodríguez; ese caso todavía está en fase de juicio”, recordó.
Explicó que, en ese expediente, que involucraba a 64 personas en la etapa preliminar, se alcanzaron acuerdos con 29 individuos. “El dato notable es que, si sumamos estos tres grandes casos con 29 personas condenadas en cada uno, y el caso de la lotería con ocho personas condenadas, solo en cuatro operaciones contamos con 95 condenas”, resaltó el titular de Persecución del Ministerio Público.
Respecto a la lentitud del proceso judicial contra Jean Alain Rodríguez Sánchez, el procurador adjunto reiteró que ningún otro imputado ha realizado más gestiones para dilatar su caso. “Ha intentado todo para posponer el proceso. Y lo ha hecho todo para demorar el caso porque enfrentar las pruebas reduce a casi cero la posibilidad de obtener un resultado favorable, debido a la gran cantidad y la calidad de las evidencias que posee el Ministerio Público”, subrayó. Señaló que la estrategia del acusado ha sido procurar extender el proceso para, mediante ese mecanismo, buscar posteriormente la extinción de la acción penal.
En respuesta a su evaluación sobre la resolución del caso derivado de las operaciones Coral y Coral 5G, enfatizó que se trata de “una determinación histórica en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana”. “Considero que solo en una ocasión anterior hubo una condena de 20 años, hace mucho tiempo y bajo otras circunstancias; pero en un caso de corrupción de esta magnitud, especialmente en lo referente a una estructura que operaba dentro del Ejército, esto no había ocurrido en la República Dominicana”, destacó.
“Y existen algunas particularidades adicionales en la decisión del tribunal de condenar a 20 años, que se aplica a dos gestores institucionales, el administrador del Cusep, en el caso de Adán Cáceres, y el gestor del Cestur, en el caso de Robiou, y la otra condena de 20 años que el Ministerio Público propuso y el tribunal aceptó contra el cerebro financiero de esta estructura criminal, que es Rafael Núñez de Aza”, añadió.
En relación con el argumento de extinción de la acción penal presentado por varios de los procesados, señaló que la justificación de la extinción parece ser la única vía que algunos acusados y algunas defensas han encontrado para evadir la cantidad y calidad de las pruebas aportadas por el Ministerio Público. “Saben que, al confrontar las pruebas, difícilmente podrán obtener un resultado favorable; por lo tanto, han optado por procurar que el tiempo les favorezca, no su inocencia; que por una cuestión de tiempo no deban tener una resolución sobre el fondo del asunto, que es lo que ha ocurrido en el caso Coral”, expuso.
“El tribunal no rechazó este planteamiento una sola vez; el tribunal lo rechazó varias veces de manera incidental cuando se le fueron presentando y lo hizo ahora al dictar la sentencia sobre el caso”, dijo al responder preguntas sobre la decisión del tribunal que condenó a los procesados de la operación Coral y Coral 5G tras desestimar la solicitud de extinción de la acción penal por parte de sus defensas. “Lo que ha dicho el tribunal es algo que se encuentra en el Código Procesal Penal, especialmente a partir de la modificación realizada en diciembre de 2025, que el legislador incorporó decisiones tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Constitucional, que son decisiones que provienen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y han llegado hasta la República Dominicana, y es la valoración del plazo razonable, estableciendo que no es un conteo matemático”, indicó.
Camacho recordó que los procesos complejos requieren tiempo. “El propio tribunal señaló que solo los debates de este proceso (Coral) duraron un año, 9 meses y 20 días; solo como testigos el Ministerio Público presentó en este caso más de 400; fueron escuchados 298, nosotros renunciamos a una parte de ellos en la medida que ya estábamos convencidos de que el caso estaba probado; pero, solo en documentos, y esto es algo que resaltaba el tribunal, de solo una defensa había más de 8,000 documentos”, dijo, al tiempo que enfatizó la cantidad de evidencias presentadas en el proceso por el nivel de complejidad y la calidad de las mismas. “Ahora lo que debatimos es la cantidad de pruebas, es decir, ya nadie afirma: ‘el caso se presentó en los tribunales sin pruebas’”.
“El ejemplo más reciente es Coral y Coral 5G; la decisión de ese tribunal ha reflejado el esfuerzo del Ministerio Público y la calidad de la investigación. Y lo que ha sucedido en Coral y Coral 5G no es un manejo distinto al que ha hecho el Ministerio Público con todos los expedientes”. “Nosotros hemos gestionado todos los casos con el mismo estándar, aunque en algunos otros expedientes haya habido decisiones que no reflejen el trabajo y la calidad de la investigación del Ministerio Público”, expuso Camacho.
