La audiencia de medida de coerción de la Operación Oncol4, que investiga el desvío de millones del Senasa para pacientes oncológicos en Santiago, ha sido pospuesta por segunda vez. La dilación se debe a la ausencia del abogado del principal imputado, Héctor Antonio Lora Cruceta. El Ministerio Público afirma estar preparado y anticipa nuevas acciones, mientras el Senasa se ha constituido como actor civil en el caso.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ha pospuesto por segunda ocasión el proceso de medida de coerción contra los implicados en la Operación Oncol4. El aplazamiento se produjo porque el acusado principal, Héctor Antonio Lora Cruceta, quedó sin representación legal debido a la inasistencia de su defensor, Juan Francisco Rodríguez Consoró. La nueva fecha para la audiencia ha sido establecida para el próximo martes 23 de junio a las 4:30 de la tarde.
Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), declaró que el Ministerio Público estaba listo para presentar la solicitud de coerción y afirmó que las investigaciones continúan activas. La magistrada indicó que se esperan más allanamientos y detenciones, y comunicó que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se ha unido formalmente al proceso como actor civil, al considerarse una de las principales afectadas por el presunto fraude.
Por su parte, los representantes legales de los imputados rechazaron las acusaciones presentadas por el órgano acusador. Pantaleón Mieses, abogado de Luisa Yasiris Guzmán de Lora, argumentó que su defendida no manejó recursos estatales ni ocupó cargos en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, y defendió la legitimidad de la Fundación Tócate RD. Entretanto, la jueza advirtió a la defensa de Héctor Lora sobre la obligatoriedad de su comparecencia en la próxima audiencia, bajo la amenaza de declarar el abandono de la representación legal.
La semana anterior, el Ministerio Público inició la Operación Onco14, resultando en la detención de tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. Se les imputa haber utilizado el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) para apropiarse, mediante diversas tácticas fraudulentas, de cuantiosos fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), perjudicando a pacientes de cáncer del régimen subsidiado y al Estado dominicano.
La operación, liderada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, condujo a la detención de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC. También fueron arrestadas Luisa Yasiris Guzmán, actual cónyuge de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, así como el rol de auditora interna y externa, del patronato que gestiona el Instituto Oncológico Regional del Cibao mientras el imputado presidía dicha ASFL.
Los acusados y las entidades Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida se apropiaron de los fondos a través de diversas modalidades fraudulentas. El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, recordó que esta es la tercera organización criminal desarticulada como resultado de la investigación sobre el fraude que afectó al SeNaSa, y que la Procuraduría General, bajo la dirección de Yeni Berenice Reynoso, ha combatido con firmeza desde la Operación Cobra.
Camacho destacó la colaboración de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC) en la Operación Onco14, que permitió la incautación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, automóviles, títulos de propiedad, computadoras, teléfonos móviles, DVR, entre otros bienes. El grupo enfrentará cargos por asociación de malhechores, fraude contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito, código de acceso) y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público detalló que Lora Cruceta fue elegido presidente del IORC el 9 de octubre de 2018 y, a pesar de que los estatutos estipulaban un periodo de dos años, permaneció en el cargo hasta el 6 de octubre de 2025. La red fraudulenta contó, además, con la participación de otros empleados y allegados, quienes actuaron de manera coordinada para sustraer fondos recaudados por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, destinados a la atención médica de pacientes oncológicos atendidos en el IORC. Estas acciones se llevaron a cabo en detrimento del Estado dominicano y de los afiliados al SeNaSa, mediante la ejecución de diversas tácticas y modalidades fraudulentas.
El IORC, establecido en octubre de 1964, es administrado por el Patronato Cibaeño. La institución se dedica a la prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de pacientes con cáncer y afecciones relacionadas en toda la región del Cibao. Conforme al acta de la Asamblea Ordinaria del 09 de octubre de 2018, el imputado Héctor Antonio Lora Cruceta fue nombrado presidente de la Junta Directiva y del Patronato, mientras que la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez fue designada vicepresidenta.
Las acciones descritas demuestran el interés del imputado Héctor Antonio Lora Cruceta en controlar el IORC, con el único fin de disponer de sus recursos económicos y aprovechar las contribuciones estatales destinadas a los tratamientos de pacientes afectados por el cáncer.
