Una jueza en Santiago ha impuesto un año de prisión preventiva a cinco individuos señalados como cabecillas de una organización criminal. Este grupo se dedicaba a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos, y fue desmantelado durante la Operación XL526. La medida coercitiva se dictó tras la solicitud del Ministerio Público, que declaró el proceso como de tramitación compleja.
Atendiendo a la petición del Ministerio Público, una magistrada de un tribunal en Santiago ordenó un año de reclusión preventiva, como medida de coerción, contra los principales líderes de una estructura delictiva dedicada a la extorsión, el chantaje y la estafa de ciudadanos radicados en Estados Unidos. Esta red fue desmantelada a través de la Operación XL526. El procedimiento judicial fue clasificado como de tramitación compleja y la medida de privación de libertad se aplicó a los acusados Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Walinton Ariel Sosa Almonte y Moisés David Pichardo Aracena, quienes son identificados como los cerebros de la banda criminal.
Mientras tanto, a los implicados Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera y Danny Rafael Lantigua, junto a Joselín Pichardo Cabrera y Julio Antonio Peralta del Rosario, quienes formaban parte de la red desmantelada el pasado 2 de junio, se les impuso una fianza económica de 800 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades y prohibición de salida del país.
El equipo legal que representó al Ministerio Público estuvo integrado por la procuradora general de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago, así como por Joanna García, de la Dirección General de Persecución, a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, y Elvin Ventura y Lía Collado, responsables de Casos Complejos y de Delitos Cibernéticos en esa jurisdicción.
Tras evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, procedió a imponer las medidas de coerción a los imputados. La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago llevaron a los acusados ante la justicia y solicitaron que el caso se declarara complejo debido a la gran cantidad de imputados y víctimas, además de tratarse de una organización de crimen organizado que también se dedicaba al lavado de activos, lo que requiere un período suficiente para profundizar en la investigación, conforme a lo estipulado en el Código Procesal Penal Dominicano.
La Operación XL526, ejecutada contra la estructura delictiva, fue dirigida por un grupo de 35 fiscales que realizaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Varias personas también fueron detenidas con fines de investigación. Las acciones contaron con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo; la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Persecución contra el grupo criminal
Los integrantes de la red desmantelada se dedicaban, de manera sistemática y organizada, a cometer estafas, chantajes y obtener fondos de forma ilícita desde la República Dominicana. Hasta el momento, se han identificado al menos 18 víctimas. Mediante sus actividades fraudulentas, la organización criminal recolectaba dinero para luego transferirlo, ocultarlo y blanquearlo, con el fin de darle una apariencia de legalidad a sus maniobras de ocultamiento ante las autoridades.
Diversas evidencias testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y el uso de armas de fuego. Esta organización criminal de carácter internacional tenía su base de operaciones en el municipio de Jacagua, provincia de Santiago.
Los miembros de la red se valían de su dominio del idioma inglés para llevar a cabo sus acciones ilegales y, además, utilizaban herramientas tecnológicas para la ejecución de sus actividades ilícitas. El modus operandi consistía en captar víctimas a través de anuncios publicitarios, para posteriormente someterlas a extorsión y chantaje, siguiendo un guion previamente estructurado por los líderes de la organización.
Los imputados, utilizando medios tecnológicos, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, como el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de amedrentar e intimidar a las víctimas a quienes exigían la entrega de dinero y a quienes enviaban imágenes de crímenes atroces como forma de amenaza. Los fondos así obtenidos eran posteriormente canalizados a través de diversos mecanismos de movilización, incluyendo el uso de criptomonedas -como el Bitcoin-, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.
