Las autoridades de Puerto Rico arrestaron a dos ciudadanos dominicanos acusados de liderar una operación de contrabando marítimo. Los individuos supuestamente transportaron a 64 migrantes, incluyendo dominicanos y haitianos, con destino a la costa de Cabo Rojo. La embarcación fue interceptada y los acusados enfrentan cargos federales relacionados con el tráfico de personas.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Puerto Rico comunicó este martes la detención de dos hombres de nacionalidad dominicana, acusados de traficar con 64 inmigrantes hacia la isla caribeña.
Según lo detallado por el HSI en sus plataformas de redes sociales, los acusados, identificados como Gil Antonio Febles Esteve y Wilton Mejía Hernández, lideraron un traslado marítimo ilegal de 64 individuos, compuestos por 58 dominicanos y 6 haitianos, el pasado 9 de mayo con la intención de alcanzar la costa de Cabo Rojo, en la zona suroeste de Puerto Rico.
La embarcación fue detectada e interceptada a aproximadamente 7,5 millas náuticas al norte de Cabo Rojo, y los acusados fueron arrestados el 13 de mayo.
“Las operaciones ilegales de tráfico marítimo son sumamente peligrosas y ponen en riesgo la vida de las personas en el mar”, declaró el agente especial interino a cargo del HSI en San Juan, Yariel Ramos.
“Aquellos que decidan organizar o participar en estos viajes ilegales serán identificados y procesados. No se hagan a la mar ilegalmente: las consecuencias pueden ser mortales”, añadió en declaraciones escritas.
El HSI agregó en la nota que uno de los acusados había sido deportado de Estados Unidos en ocho oportunidades y cumplió alrededor de 16 meses de prisión federal por delitos migratorios previos.
El segundo había sido deportado desde Estados Unidos en 2023 mediante un proceso de expulsión acelerada.
Los acusados enfrentan cargos federales que incluyen ayudar o facilitar la entrada de extranjeros a Estados Unidos, introducir y asistir en la entrada de extranjeros, y reingreso ilegal tras deportación luego de una condena.
La investigación fue llevada a cabo por el HSI en colaboración con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la Policía de Puerto Rico y otras agencias locales.
