El tribunal de Santiago iniciará este lunes una fase crucial en el caso Onco14, donde la jueza Stephanie Santiago Reyes decidirá sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público. Se espera que la decisión impacte a los acusados de operar una red fraudulenta desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, enfrentando graves acusaciones que incluyen fraude clínico, farmacéutico y lavado de activos.
El procedimiento judicial relacionado con el suceso Onco14 ingresa en una fase decisiva este lunes, a partir de las 7:30 de la noche. En esta ocasión, la jueza Stephanie Santiago Reyes, perteneciente a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, emitirá su resolución sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público contra los involucrados en la organización que, según las indagaciones, funcionaba desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
El caso seguirá su curso con la solicitud del Ministerio Público de dieciocho meses de reclusión preventiva para Héctor Antonio Lora Cruceta, quien fuera presidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), al igual que para su cónyuge Luisa Yasiris Guzmán. En cambio, para Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato y exesposa de Lora Cruceta, el ente acusador pide arresto domiciliario.
De igual modo, se solicita que el expediente sea clasificado como de tramitación compleja, debido a la seriedad de los hechos bajo investigación, el número de acusados y las posibles sanciones contempladas por la normativa legal.
Acusaciones del Ministerio Público
La pesquisa del Ministerio Público sostiene que la organización llevó a cabo diversas acciones fraudulentas que perjudicaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Entre los sucesos investigados se encuentran el fraude clínico y farmacéutico mediante la alteración de indicaciones médicas, el empleo de sellos médicos falsificados, la doble facturación al SeNaSa, la entrega incompleta de medicamentos y la comercialización de fármacos obtenidos por donación.
El sumario también abarca el contrabando utilizando exenciones tributarias, el tráfico de sustancias controladas, el uso de habitaciones del centro oncológico para intervenciones estéticas, reembolsos de gastos fraudulentos, sabotaje informático, sustracción de archivos y el blanqueo de capitales. De acuerdo con el Ministerio Público, los implicados utilizaron diferentes estructuras para desviar fondos del Patronato, entre ellas las denominaciones sociales Vargas Lora & Asociados, actualmente conocida como Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
La investigación también establece que los acusados sobornaban a distribuidoras de medicamentos, cobraban al SeNaSa por prestaciones y fármacos que no eran suministrados a pacientes del IORC y se asignaban remuneraciones, viáticos y otros beneficios económicos que no correspondían al personal de este tipo de entidades.
Operación Onco14
Los imputados fueron detenidos durante la Operación Onco14, coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, con el respaldo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC). Durante los registros, se confiscaron efectivo, un arma de fuego, vehículos, computadoras, teléfonos móviles, documentos y otros enseres que constituyen parte de las pruebas del proceso.
Los acusados enfrentan cargos por asociación delictiva, estafa contra el Estado, cohecho, crímenes de alta tecnología y lavado de dinero, en detrimento del Estado dominicano.
