El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, ha clarificado que las anomalías financieras encontradas en la institución no afectan las pensiones, sino que se relacionan con subsidios concedidos en administraciones previas. Actualmente, se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y se esperan consecuencias. La entidad asegura que los fondos para programas de asistencia médica están garantizados y ha impugnado un artículo del nuevo Código Penal.
El doctor Luis Peña Núñez, quien preside el Colegio Médico Dominicano (CMD), comunicó este jueves que las presuntas anomalías financieras y administrativas descubiertas en la organización, luego de que él asumiera el liderazgo, no se refieren a pagos de jubilaciones, sino a asistencias económicas entregadas en periodos anteriores. Al ser cuestionado sobre este asunto en el programa El Día, detalló que se están llevando a cabo los pasos necesarios para finalizar las indagaciones antes de proporcionar información más detallada sobre los resultados. “Habrá información específica y habrá repercusiones”, declaró, señalando que evita ofrecer más datos para no interferir con las averiguaciones pertinentes.
De igual modo, afirmó que los fondos asignados a los esquemas de apoyo para los profesionales de la medicina están asegurados.
Impugnación de una Cláusula del Código Penal
En el transcurso de la entrevista, Peña Núñez también criticó el artículo 354 del recién promulgado Código Penal, el cual estipula penalizaciones para los médicos que expidan documentos falsos. El líder sindical catalogó esta medida de “ilógica e ilegal”, argumentando que transgrede principios de equidad establecidos en la propia normativa legal. Explicó que el artículo establece sanciones diferentes para galenos del ámbito público y privado que cometan la misma falta, lo cual, según la perspectiva del CMD, representa una aplicación desigual de la ley. Por esta razón, anunció que el gremio ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para pedir la revisión de dicha disposición.
