El Banco Mundial ha manifestado su preocupación por el significativo incremento de costos en proyectos públicos debido a múltiples adendas contractuales. En República Dominicana, estas modificaciones son un tema recurrente, superando a menudo el límite legal establecido. La entidad enfatiza la necesidad de una planificación rigurosa y mediciones precisas antes del inicio de las construcciones para evitar desviaciones presupuestarias y garantizar la eficiencia del gasto público.
El Banco Mundial ha manifestado inquietud por la considerable cuantía de algunas enmiendas aprobadas en el sector público de diversas naciones, especialmente cuando estas alteraciones contractuales se apartan sustancialmente del presupuesto original. En el país, las modificaciones a los contratos se han vuelto una constante en los proyectos de infraestructura estatales. Pese a que existe una salvaguarda legal que fija un tope general de hasta un 25 %, numerosos casos documentados evidencian incrementos que exceden dicho porcentaje. Las adendas frecuentes, al elevar repetidamente el coste o el plazo de una construcción, pueden indicar deficiencias en la planificación, el diseño presupuestario, la supervisión o la administración contractual. El Banco Mundial ya había identificado para República Dominicana la conexión entre una planificación deficiente, las modificaciones a los contratos y los sobrecostos, señalando la dificultad de cuantificar el efecto por la escasez de datos consolidados. El reto para los organismos de fiscalización del Estado y el Congreso Nacional reside en establecer mecanismos que permitan justificar técnicamente cualquier variación presupuestaria, considerando factores como las condiciones del terreno, los procesos de urbanización, las precipitaciones y las características específicas de cada proyecto.
LA PLANIFICACIÓN COMO PUNTO DE PARTIDA
El Banco Mundial ya había advertido sobre esta situación en un documento relacionado con la calidad del gasto público dominicano, al indicar que la planificación y el diseño de algunas obras no eran lo suficientemente rigurosos. Según ese análisis, las carencias en la fase inicial de los proyectos podían generar importantes sobrecostos mediante enmiendas contractuales y órdenes de cambio. El organismo también apuntó que la ausencia de datos agregados complicaba la medición precisa del impacto de estos aumentos sobre el gasto público. La recomendación fundamental se centra en una idea elemental: antes de construir, es indispensable medir correctamente, planificar de mejor manera y disminuir la necesidad de modificar contratos una vez iniciadas las obras.
CASOS QUE MUESTRAN EL IMPACTO DE LAS ADENDAS
Estos ejemplos no implican necesariamente una falta de transparencia, sino que reflejan cómo cálculos iniciales, modificaciones técnicas o nuevas exigencias pueden elevar significativamente el costo final de los proyectos públicos.
ACUEDUCTO HIGÜEY-BÁVARO
El acueducto Higüey-Bávaro es uno de los casos mencionados en el debate sobre las modificaciones contractuales. El Senado informó en 2021 que el contrato para edificar esta obra fue suscrito en 2006 y que recibió cinco adendas entre 2007 y 2016 por más de 100 millones de dólares estadounidenses. La Comisión de Obras Públicas del Senado anunció entonces que solicitaría a INAPA un análisis de costos y cubicaciones, así como al Ministerio de Hacienda información sobre los desembolsos efectuados. El historial legislativo del Senado también registra alteraciones relacionadas con este proyecto. En 2009 aparece una iniciativa sobre una enmienda al contrato firmado en 2006 por US$60,779,187.85, además de otra vinculada al financiamiento de la primera etapa.
HIDROELÉCTRICA PINALITO
El proyecto hidroeléctrico Pinalito constituye otro caso empleado para analizar la repercusión de las adendas. Un documento oficial registra que el contrato original tuvo un valor de US$131,721,079.97, mientras que las adendas 4, 5 y 6 elevaron el costo total a US$319,114,942.62. La diferencia entre ambos montos fue de US$187,393,862.65, lo que representa aproximadamente un aumento del 142.3 % respecto al contrato inicial, según las cifras documentadas. La fuente oficial describe el incremento como cercano al 140 %.
AUTOPISTA DUARTE
El contrato 478-2004 para la reconstrucción de la calzada antigua de la Autopista Duarte, en el tramo Santo Domingo-Santiago, fue suscrito originalmente por RD$1,475,303,325.55. En 2019 se aprobó la Adenda I por RD$2,389,715,693.35, llevando el monto contractual total a RD$3,865,019,018.90. Esto significó que la primera adenda representó aproximadamente un 162 % del monto original y que el costo total del contrato pasó a ser unas 2.62 veces superior al presupuesto inicial. No obstante, la Adenda II de 2021, aunque incorporó un aumento de volumetría y nuevas partidas, estableció que no incrementaba el monto del proyecto. Su función fue reemplazar el presupuesto y extender la vigencia contractual hasta julio de 2022.
PRESA MONTE GRANDE
El proyecto Monte Grande también forma parte del debate sobre las modificaciones contractuales. El Senado informó que en 2021 se cuestionaba la cuarta adenda del contrato de construcción, mientras una legisladora solicitó una auditoría técnico-financiera desde 2009 hasta agosto de 2020. Posteriormente, en 2024, el senador José del Castillo Saviñón afirmó que las adendas 4 y 5 habían sido aprobadas y que la inversión estatal acumulada alcanzaba los US$588 millones, con una proyección adicional de US$235 millones para completar componentes pendientes. El monto total estimado rondaba los US$800 millones, frente a un costo inicial aproximado de US$249 millones.
ODEBRECHT
Diversas investigaciones periodísticas documentaron contratos, adendas, pagos y cubicaciones vinculadas a obras adjudicadas a Odebrecht en República Dominicana. Según esos reportes, de 18 obras adjudicadas, 15 terminaron con costos superiores a los presupuestados inicialmente. El valor original de esos contratos era de aproximadamente US$4,540 millones, mientras que el costo final alcanzó unos US$6,491 millones, una diferencia cercana a US$1,951 millones, equivalente a alrededor del 43 %.
EL PAPEL DE LA CONTRALORÍA
La Contraloría General de la República desempeña un rol relevante en la fiscalización de las modificaciones contractuales. La normativa vigente establece que, para registrar determinadas adendas de obras, deben presentarse documentos como el presupuesto adicional, presupuesto base, presupuestos anteriores, última certificación del contrato, última cubicación, informe de supervisión, porcentaje de ejecución y último estado económico del proyecto. El desafío futuro será limitar los recursos adicionales que durante años han sido comprometidos como consecuencia de las modificaciones contractuales en proyectos públicos. Una planificación más precisa permitiría que las obras estatales tengan presupuestos más realistas, reduzcan desviaciones y garanticen un uso más eficiente de los recursos públicos. En síntesis, el Banco Mundial propone que República Dominicana debe fortalecer la planificación antes de iniciar obras públicas para minimizar las adendas y los sobrecostos. Aunque las modificaciones contractuales pueden responder a factores técnicos, varios proyectos han registrado aumentos significativos respecto a sus presupuestos originales. Los casos citados como ejemplos —el acueducto Higüey-Bávaro, Pinalito, la Autopista Duarte, la presa de Monte Grande y las obras relacionadas con Odebrecht— demuestran el impacto financiero de estas variaciones. La Contraloría dispone de mecanismos de revisión documental, pero el reto principal es mejorar los estudios iniciales, asegurar una mayor exactitud presupuestaria y lograr que la inversión pública tenga mayor eficiencia y control. La Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes Servicios Obras y Concesiones es un instrumento vital para poder transparentar esta situación.
