El movimiento cívico Participación Ciudadana ha divulgado su Noveno Informe sobre Casos de Corrupción Administrativa, analizando el progreso de tres expedientes de alto perfil en los tribunales dominicanos. El documento examina las decisiones recientes en los casos que involucran a exfuncionarios, el caso Coral y las presuntas irregularidades en el Intrant, ofreciendo una evaluación del sistema judicial frente a la complejidad de estos procesos.
La agrupación cívica no partidista Participación Ciudadana (PC) hizo público este domingo su Noveno Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa. En este documento, se evalúa el avance de tres de los principales expedientes de corrupción que actualmente se tramitan en los juzgados del país: el proceso que concierne a los exfuncionarios Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta; el caso Coral, liderado por Adán Cáceres; y el procedimiento vinculado al contrato de la red de semáforos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). La entidad explicó que las determinaciones recientes tomadas en estos expedientes muestran el estado de la persecución penal por corrupción administrativa en la República Dominicana y permiten valorar el desempeño del sistema judicial ante situaciones de gran complejidad.
Caso Donald Guerrero
El primer expediente estudiado corresponde al proceso judicial contra Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros acusados, que comprende a 28 personas físicas y 12 jurídicas, sumando un total de 40 imputados. Según la acusación del Ministerio Público, la supuesta estructura habría malversado cerca de RD$41,000 millones mediante maniobras relacionadas con expropiaciones, cobros ilegales y el negocio del AC-30. Participación Ciudadana enfatizó que el caso acumula uno de los mayores volúmenes de evidencia registrados en un proceso de corrupción, con 170 testigos, 26 peritajes testimoniales, 66 informes periciales, 1,625 pruebas documentales y decenas de bienes embargados e incautados. El informe también aborda la decisión de la jueza de enviar a juicio de fondo a la mayoría de los imputados, aunque cuestiona los autos de no ha lugar dictados a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, al considerar que las pruebas debieron ser debatidas en una audiencia oral.
Caso Coral
El segundo proceso examinado es el caso Coral, cuya sentencia fue emitida el pasado 15 de junio por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Entre las condenas se incluyen penas de 20 años de prisión contra el mayor general retirado Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza; condenas de 15, 10, cinco y tres años para otros implicados, además de la disolución de seis empresas vinculadas al expediente. El tribunal también ordenó el decomiso de 160 inmuebles, 115 vehículos, armas, dinero en efectivo y otros bienes, y la imposición de una indemnización de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano.
Caso Intrant
El tercer caso corresponde al proceso por supuestas irregularidades en la contratación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, valorada en más de RD$1,300 millones. El informe señala que la jueza Yanibet Rivas envió a juicio de fondo al exdirector del Intrant, Hugo Beras; al empresario José Ángel “Jochi” Gómez Canaán y a otros imputados, tras estimar que existen elementos suficientes para que el expediente sea conocido en una audiencia oral. En este caso se admitieron cargos por corrupción, estafa, delitos tecnológicos, sabotaje y lavado de activos, aunque fue descartada la acusación por terrorismo.
Balance del informe
Participación Ciudadana destacó que, en solo dos semanas, los tribunales emitieron resoluciones significativas en estos tres grandes expedientes, las cuales dejaron un saldo de 29 condenas en primera instancia y 51 personas enviadas a juicio de fondo. La organización adelantó que su próximo informe continuará con el seguimiento de los casos de Jean Alain Rodríguez y Senasa, debido a las demoras que, según afirman, presentan ambos procesos.
