Participación Ciudadana ha revelado que el tribunal desestimó todos los recursos presentados por los acusados en la etapa preliminar de un caso de corrupción. El informe destaca el rechazo a argumentos de inconstitucionalidad, nulidad y la solicitud de extinción de la acción penal, una decisión que podría influir en otros casos de gran envergadura.
De acuerdo con el Noveno Informe del Observatorio de Casos de Corrupción, elaborado por la organización Participación Ciudadana, la autoridad judicial desestimó la totalidad de los incidentes presentados por los encausados durante la fase inicial del procedimiento. Esto incluye objeciones de inconstitucionalidad, peticiones de anulación e inadmisibilidad de la imputación, así como solicitudes de finalización de la persecución penal.
El reporte indica que entre los recursos rechazados se encuentran objeciones a varios decretos relacionados con la recuperación de bienes estatales, disposiciones de la Ley de Lavado de Activos, modificaciones al Código Procesal Penal y la acusación misma presentada contra uno de los imputados. Asimismo, se denegaron las solicitudes de anulación de la acusación por supuestas deficiencias en la formulación de los cargos y por alegadas irregularidades en la recolección de pruebas.
Participación Ciudadana también subraya la determinación del tribunal de rechazar la solicitud de extinción de la acción penal por cumplimiento del plazo máximo del proceso. La instancia judicial consideró que este criterio podría impactar en otros expedientes de gran corrupción que exceden los cuatro años de duración.
Según el informe, la magistrada Altagracia M. Ramírez de la Cruz fundamentó su resolución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Constitucional de Colombia. El documento detalla que la jueza concluyó que el plazo razonable no debe evaluarse mediante un simple cálculo del tiempo transcurrido, sino considerando las particularidades de cada situación.
Entre los factores tomados en cuenta, la jueza mencionó la complejidad del proceso, que involucra a 40 personas acusadas y a más de 500 víctimas, el vasto volumen de pruebas y las múltiples dilaciones registradas, incluyendo 30 suspensiones por motivos de salud de los imputados y prórrogas concedidas para garantizar el derecho a la defensa.
