Justo antes de que expire el plazo y la comisión bicameral inicie sus debates cruciales, diversos grupos han presentado sus últimas sugerencias para la redacción final del Código Penal. Este proyecto legislativo sigue generando fuerte división y el Gobierno aspira a implementarlo el 3 de agosto. Las propuestas abarcan desde el endurecimiento de penas por corrupción y la eliminación de normativas consideradas inconstitucionales, hasta la defensa de la penalización del aborto y la protección de derechos fundamentales.
Con el tiempo apremiando y previo al inicio de las deliberaciones definitivas de la comisión bicameral, diversos sectores intentaron influir en la formulación final de una ley que sigue generando controversia y que el Poder Ejecutivo espera poner en vigor el próximo 3 de agosto. Mientras algunas voces exigieron endurecer las penalizaciones contra la corrupción y suprimir disposiciones que consideran contrarias a la Constitución, otras abogaron por mantener la ilegalidad del aborto, preservar ciertos apartados del borrador y alertaron sobre modificaciones que, a su juicio, podrían afectar garantías esenciales.
El líder de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, entregó diez sugerencias de enmienda al proyecto, entre las cuales figuran la eliminación de la exención de responsabilidad penal para agrupaciones políticas e instituciones religiosas, la declaración de imprescriptibilidad para los delitos graves de corrupción, la supresión del delito de ultraje y la incorporación de sanciones por el empleo de inteligencia artificial y deepfakes para menoscabar la reputación de las personas. “No consideramos que deba existir trato preferencial. Estamos en desacuerdo con el privilegio que se otorga a los partidos políticos y a las iglesias para que no sean entidades legalmente responsables”, manifestó Rodríguez.
Asimismo, subrayó la necesidad de que el Congreso revise cada artículo del documento para asegurar su conformidad con la Constitución y reiteró su propuesta de incluir las tres causales o, en su defecto, ajustar la redacción de la única excepción prevista para resguardar la vida de las mujeres.
En contraste, representantes de Juventud con una Misión (JUCUM) y otras agrupaciones de fe cristiana defendieron la continuidad de la penalización del aborto y manifestaron inquietud por algunas modificaciones relativas a la libertad de expresión y la discriminación. “Algo que contraviene la Constitución no puede ser aprobado a menos que se modifique la propia Constitución”, afirmó Omayra Álvarez, presidenta de JUCUM.
La dirigente aseguró que, si bien apoyan la aprobación del Código Penal, existen normativas que consideran ambiguas y que podrían provocar conflictos en la aplicación de la legislación.
Durante la jornada también comparecieron delegados del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y del Colegio de Abogados, quienes solicitaron la modificación de varios artículos al considerar que podrían coartar el ejercicio de la libertad de expresión. El presidente del CDP, Luis Pérez, solicitó la eliminación del artículo 29 y la revisión de las penas establecidas para el acoso, el bullying y el ciberacoso. “El artículo 29 debe ser suprimido porque restaura una responsabilidad eliminada por el Tribunal Constitucional y vulnera el principio de la personalidad de la pena”, expresó.
Los gremios advirtieron que algunas estipulaciones podrían propiciar interpretaciones excesivas de comportamientos cotidianos y generar conflictos con derechos constitucionales.
El periodo para recibir propuestas culmina este miércoles a las 6:00 de la tarde. A partir de ese momento, la comisión bicameral proseguirá las discusiones a puerta cerrada y dispondrá de 48 horas para elaborar el informe que será presentado al Congreso, en medio de los esfuerzos por aprobar las modificaciones antes del cierre de la legislatura, programado para el 26 de julio. La reforma fue enviada por el Poder Ejecutivo con alteraciones a 18 artículos de la Ley 74-25, tras las observaciones formuladas por diversos sectores, mientras persisten las advertencias de que el texto podría enfrentar acciones de inconstitucionalidad una vez sea promulgado.
