El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha condenado enérgicamente la reciente condena de diez años de prisión impuesta al prominente activista prodemocrático Joshua Wong en Hong Kong. Washington exige su inmediata liberación, argumentando que la pena es una represalia por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Esta situación intensifica las tensiones sobre la aplicación de la ley de seguridad nacional en la región.
El principal diplomático de Estados Unidos, Marco Rubio, censuró la reciente pena carcelaria de una década impuesta al activista prodemocrático hongkonés Joshua Wong y solicitó su excarcelación inmediata, considerando que ha sido castigado por utilizar su libertad de expresión. “Demandamos su inmediata liberación y la de todas las personas encarceladas injustamente”, manifestó Rubio. De igual forma, el jefe de la diplomacia estadounidense pidió la liberación del activista y de todas las personas que, según afirmó, permanecen detenidas sin razón.
A través de un mensaje difundido en su perfil de X, Rubio sostuvo que Wong ha recurrido a métodos pacíficos para proteger los derechos de los habitantes de Hong Kong y desaprobó la determinación del tribunal. “Estados Unidos reprueba enérgicamente la resolución del Tribunal de Hong Kong de condenar nuevamente a Joshua Wong por ejercer su libertad de expresión”, declaró el funcionario.
Wong, de 30 años, fue sentenciado por un tribunal de Hong Kong a diez años adicionales de reclusión conforme a la ley de seguridad nacional establecida por Pekín en 2020, después de admitir su culpabilidad en la conspiración para colaborar con potencias extranjeras. El activista ya estaba cumpliendo una condena de cuatro años y ocho meses por otro caso vinculado a la misma legislación. La nueva sentencia se añade a su tiempo de encarcelamiento, aunque una parte de las penas se cumplirán de manera concurrente.
La decisión judicial ocurre en medio de las restricciones aplicadas al movimiento prodemocrático de Hong Kong después de las protestas contra el gobierno en 2019. Las autoridades chinas y hongkonesas han defendido el proceso legal argumentando que busca proteger la seguridad nacional, mientras que organizaciones y gobiernos de otros países han cuestionado el empleo de esa legislación contra activistas y opositores.
