Una jueza federal ha criticado al expresidente Donald Trump y a su equipo legal, acusándolos de manipular el sistema judicial. La controversia surge de una demanda presentada contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales, con el aparente fin de lograr un acuerdo extrajudicial que le otorgaría inmunidad fiscal y compensaría a sus aliados.
Una magistrada ha acusado al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a sus asesores legales de instrumentalizar el sistema de justicia. Esto ocurre tras la presentación de una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la revelación de sus declaraciones de impuestos, una entidad del Poder Ejecutivo, con el fin de alcanzar un pacto fuera de los tribunales.
La jueza federal de distrito Kathleen Williams afirmó que esta acción legal soslayó la exigencia de que las partes en un litigio deben tener intereses opuestos. Según su explicación, esta estrategia sentó las bases para un acuerdo que concedería al exmandatario inmunidad frente a inspecciones fiscales y permitiría la creación de un fondo para indemnizar a colaboradores de Trump que alegan haber sido procesados por motivos políticos.
“Nunca se planteó ante este tribunal si actores del Poder Ejecutivo pueden acordar en privado otorgarse a sí mismos y a sus antiguos clientes inmunidades generales y miles de millones de dólares en dinero de impuestos por agravios no definidos legalmente. La cuestión es si las Partes podían hacerlo alegando ser adversarias y recurriendo a la legitimidad de un procedimiento judicial. La respuesta es un rotundo ‘no’”, expresó Williams, quien fue designada por el entonces presidente Barack Obama.
La magistrada también indicó que la demanda interpuesta por Trump contra el IRS tuvo un “propósito inapropiado”, al tiempo que consideró que la reclamación por 10,000 millones de dólares respondía a un interés personal y remitió a uno de los abogados del expresidente para una posible acción disciplinaria.
Aunque Williams no invalidó el acuerdo judicial que protege al expresidente estadounidense del escrutinio fiscal, sostuvo que el Gobierno no puede afirmar que dicho arreglo fue el resultado de un proceso legal legítimo.
