Amnistía Internacional ha emitido una grave advertencia sobre la potencial ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en El Salvador. Estos hechos se enmarcan en el actual régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas. La organización destaca que las violaciones documentadas no son incidentes aislados, sino que responden a patrones de conducta estatal facilitados por cambios en el marco legal del país.
Desde San Salvador, la organización Amnistía Internacional (AI) ha manifestado su preocupación por la posible comisión de crímenes contra la humanidad en El Salvador. Esto ocurre en el contexto del régimen de excepción, una medida controvertida que rige desde marzo de 2022 para combatir las pandillas, la cual suspende garantías constitucionales a toda la población. Esta es una de las conclusiones clave del reporte titulado '«Seguridad» sin derechos', presentado por representantes de AI en la Ciudad de México.
La entidad indicó que «la evidencia recopilada sugiere que las transgresiones documentadas no son sucesos aislados, sino que obedecen a patrones de comportamiento estatal propiciados por la reconfiguración del sistema institucional y jurídico del país». El informe señala que «los hallazgos del estudio indican que la privación severa de la libertad a gran escala, las denuncias recurrentes de tortura, las tendencias de desapariciones forzadas y los decesos bajo custodia estatal no pueden considerarse eventos individuales, sino como parte de una serie de abusos que, por su magnitud y organización, podrían constituir crímenes contra la humanidad según el derecho penal internacional».
El régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 tras un aumento de homicidios perpetrados por pandilleros, ha generado 6.400 denuncias por vulneraciones a los derechos humanos y representa la principal estrategia del Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las maras para disminuir la violencia.
«Seguridad» sin derechos
La directora para las Américas de AI, Ana Piquer, afirmó durante la presentación virtual del informe que «la protección no puede edificarse sobre la arbitrariedad, la tortura, las desapariciones forzadas y la anulación del debido proceso». Añadió que «el Estado tiene la obligación de resguardar a la población frente a la violencia criminal y de investigar y sancionar los delitos cometidos por las pandillas, pero esa responsabilidad no autoriza la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos».
Esta es la segunda advertencia sobre la posible ejecución de crímenes contra la humanidad en el país centroamericano, ya que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del estado de excepción en El Salvador (GIPES) emitió una alerta similar en marzo pasado.
