El Gobierno colombiano ha decidido poner fin a la suspensión general del porte de armas de fuego, una medida que estuvo vigente por varios años. Esta decisión, justificada por el presidente Abelardo de la Espriella, busca equilibrar la seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley frente a la delincuencia organizada. La medida, que no implica un porte indiscriminado, restablece la validez de los permisos existentes bajo estrictos controles y requisitos.
Bogotá (EFE). – El Gobierno de Colombia ha revertido la prohibición general sobre la tenencia de armas de fuego, una determinación que el presidente, Abelardo de la Espriella, argumentó al señalar que la restricción dejaba en una situación vulnerable a los ciudadanos que acatan las normas frente a los delincuentes. «He firmado el decreto que revoca la suspensión general de los permisos para llevar armas de fuego en Colombia. Por años se limitó al ciudadano que cumple con la ley, mientras los criminales continuaron armándose ilegalmente en gran medida. Esto debe cambiar», expresó De la Espriella en un video difundido en sus plataformas sociales.
El jefe de Estado afirmó que esta decisión no implica un acceso irrestricto a las armas, sino que se mantendrán los controles, condiciones y autorizaciones por parte de las entidades competentes. «Lo que finaliza es la suspensión general que transformaba la prohibición en una norma», agregó De la Espriella, quien defendió que «la seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose al desarmar al ciudadano que respeta la ley y dejar con armas a los malhechores».
La disposición anula una suspensión que impedía a los poseedores de permisos válidos portar armas sin una autorización especial adicional y restituye la efectividad de dichos permisos, aunque no permite su uso si están caducados, suspendidos, anulados o revocados, ni si existe alguna restricción legal o judicial.
El decreto, que entrará en vigor este miércoles, instruye a las autoridades militares a implementar las acciones necesarias para restaurar la validez de los permisos individuales que se encuentren activos. El presidente informó que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año, las fuerzas del orden confiscaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban vinculadas a actividades delictivas.
Según De la Espriella, 980 de esas armas estaban relacionadas con las disidencias de las FARC, 551 con el Clan del Golfo, la organización criminal más grande del país, y 339 con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). «Esa es la capacidad de fuego que el Estado debe perseguir y desmantelar», manifestó el mandatario, quien prometió que las autoridades «quitarán» las armas ilegales «a los delincuentes».
