Una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha revelado que miles de personas han sido engañadas para unirse a las fuerzas armadas rusas. Estas redes de reclutamiento operan internacionalmente, dirigiéndose a individuos en situación de vulnerabilidad económica con falsas promesas laborales. La ONU subraya la urgencia de que los gobiernos implementen medidas preventivas y campañas de concientización para proteger a sus ciudadanos.
Un integrante de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha emitido una advertencia sobre la escala del reclutamiento fraudulento para las Fuerzas Armadas de Rusia, señalando que las personas afectadas se cuentan por miles. Este fenómeno se ha extendido a múltiples naciones, impactando principalmente a individuos en situaciones de precariedad económica. En una conversación con un medio digital, el investigador detalló que la captación de extranjeros mediante ofertas de empleo ficticias y otros métodos de persuasión representa un problema global que exige acciones preventivas por parte de los gobiernos. “No estamos hablando de unos pocos casos, sino de miles de individuos que se encuentran en esta situación”, enfatizó el miembro de la Comisión al referirse a la magnitud de los incidentes bajo investigación.
El investigador sostuvo que, dada la propagación de estas prácticas, los países cuyos ciudadanos podrían ser blanco de estas operaciones deben lanzar campañas informativas para alertar sobre los peligros de aceptar propuestas laborales engañosas. Explicó, además, que estas iniciativas ayudarían a difundir las circunstancias en las que ocurre la trata de personas y las tácticas de captación comúnmente empleadas para atraer a ciudadanos extranjeros.
El informe A/81/440, fechado el 19 de octubre de 2026, documenta que ciudadanos de República Dominicana, Colombia y Perú recibían indicaciones de agencias de reclutamiento para viajar sin necesidad de visado, utilizando documentos que presentaban sus desplazamientos como viajes turísticos a Turquía o Rusia. Según la investigación, estos traslados eran parte de estrategias de captación para el servicio militar, a través de las cuales los intermediarios gestionaban pasajes aéreos, hospedaje, visas y otros trámites esenciales para movilizar a los extranjeros.
El documento, presentado ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, analizó datos sobre el reclutamiento de ciudadanos provenientes de 48 países y encontró evidencia de captación por engaño o coacción en 29 naciones, incluyendo República Dominicana, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras y Perú. De acuerdo con la Comisión, las redes de reclutamiento utilizaban falsas oportunidades de empleo, promesas de beneficios económicos y agencias que se hacían pasar por empresas legítimas de viajes, turismo o contratación para atraer a ciudadanos extranjeros. En ciertos casos, los reclutados eran llevados a Rusia mediante vuelos con escalas en países como Brasil, México, Panamá, España, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.
Una vez en territorio ruso, las personas captadas eran trasladadas a alojamientos temporales y posteriormente entregadas a estructuras militares, donde algunas fueron forzadas a firmar contratos de servicio con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. El informe indica que estos contratos establecían compromisos militares de un año y estaban redactados exclusivamente en ruso, un idioma que muchos de los afectados no comprendían. La Comisión también documentó situaciones en las que los reclutados fueron despojados de sus teléfonos móviles, pasaportes y otros documentos de identidad, lo que dificultaba su comunicación con familiares y reducía sus posibilidades de abandonar las instalaciones militares.
Entre los testimonios recopilados se encuentra el de un extranjero que afirmó haber presenciado el fusilamiento de cuatro ciudadanos rusos tras negarse a firmar un contrato militar. Según su narración, posteriormente fue amenazado para que aceptara incorporarse a las fuerzas armadas.
En la tercera entrega de su investigación sobre dominicanos enrolados en el conflicto, N Investiga tuvo acceso a un contrato militar redactado en ruso, lo que permitió examinar las obligaciones y las repercusiones que enfrentaban los ciudadanos que se unían a las Fuerzas Armadas de ese país. El documento analizado por el programa estaba vinculado a la Orden número 625 del Ministerio de Defensa ruso, del 18 de septiembre de 2023, y establecía un compromiso de servicio por un periodo de un año. Entre las obligaciones figuraban cumplir las normativas militares, prestar juramento y servir a la Federación de Rusia. El contrato también contemplaba el reembolso de los fondos invertidos en la formación militar en determinadas circunstancias de baja anticipada, aunque el apartado correspondiente al monto de esa deuda aparecía sin completar.
Durante el reportaje, el abogado Juan José Eusebio, experto en Seguridad y Defensa Nacional, explicó que abandonar el servicio podría acarrear sanciones penales según la legislación rusa, con posibles condenas de entre cinco y 20 años de prisión por deserción, dependiendo de las circunstancias. La investigación periodística también obtuvo una grabación atribuida a un miembro de la estructura de reclutamiento, así como testimonios de familiares que reportaban dificultades para comunicarse con los dominicanos que permanecían en Rusia. Entre los casos expuestos se incluyó el de Jesús Campusano, un trabajador de 52 años de Bajos de Haina que viajó a Rusia tras responder a una oferta de empleo civil difundida por Facebook. Sus familiares denunciaron que posteriormente quedó vinculado a un contrato militar, a pesar de que su viaje había sido motivado por una oportunidad de trabajo.
