El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que la Corte de Apelación mantuvo la prisión preventiva para siete de los ocho implicados en el caso Senasa 2.0-A. Solo a Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez se le concedió arresto domiciliario con grillete electrónico, una decisión que Camacho atribuyó a su admisión de los cargos durante la audiencia. Esta resolución desfavorable para la mayoría de las defensas busca la libertad de sus representados.
El procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, comunicó este miércoles que la Corte de Apelación ratificó la prisión preventiva para siete de los ocho acusados que impugnaron las medidas de coerción en el caso conocido como Senasa 2.0-A. La Segunda Sala Penal del tribunal concedió únicamente el recurso presentado por Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, imponiéndole arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de monitoreo, una determinación que Camacho relacionó directamente con la aceptación de los hechos por parte de la implicada durante la sesión judicial.
Al ofrecer declaraciones a los reporteros al salir del juzgado, Camacho detalló que los magistrados rechazaron todas las solicitudes de las defensas, a excepción de la interpuesta por De la Rosa. Según expuso, la acusada reconoció ante la Corte los cargos que se le imputan, los cuales, afirmó, había negado en etapas anteriores.
“Respecto a ese recurso, es importante señalar que la imputada aceptó los hechos en el tribunal, es decir, reconoció las acciones que había cometido y que había negado en otras ocasiones”, manifestó el representante del ente acusador.
Camacho puntualizó que, aunque se modificó la forma de cumplimiento de la medida, De la Rosa sigue bajo una restricción de su libertad. El tribunal estableció arresto domiciliario y el empleo de un aparato electrónico de vigilancia.
La resolución mantiene en prisión preventiva a los otros siete procesados que acudieron en apelación: Ysabel Heredia Vallejo, Wander Manuel Díaz Encarnación, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Laura Altagracia Santana Evangelista y Hanna Rashell Rodríguez Almanzar. Los ocho habían solicitado a la Corte que anulara la medida impuesta en primera instancia.
El resultado de la audiencia representa una respuesta desfavorable para la mayoría de las defensas, que procuraban la liberación de sus clientes mientras el proceso judicial continúa. En el caso de De la Rosa, la modificación de la medida fue acompañada, de acuerdo con la explicación de Camacho, por el reconocimiento de los hechos ante el órgano judicial.
