El Gobierno de la República Dominicana ha invertido más de 43,300 millones de pesos dominicanos en subsidios a los combustibles durante el año 2026. Esta medida busca congelar los precios al consumidor, aliviando la carga económica de las familias y apoyando la continuidad de las actividades productivas. La estrategia implica un desembolso significativo de fondos públicos para contrarrestar el aumento de los precios internacionales.
Conforme a la información proporcionada por el Gobierno dominicano, se han asignado más de 43,300 millones de pesos dominicanos para financiar el subsidio a los carburantes en lo que va del año 2026. Solo durante la semana comprendida entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, el Estado destinó 1,516.5 millones de pesos dominicanos con el propósito de conservar sin cambios los costos de los combustibles que reciben este apoyo.
En lo que respecta al gasoil regular, el Gobierno contribuye con 112.90 pesos dominicanos por cada galón, lo que permite su venta a 270.80 pesos dominicanos, en contraste con los 383.70 pesos dominicanos que alcanzaría su valor sin esta ayuda. Para el gasoil óptimo, la subvención asciende a 105.37 pesos dominicanos por galón. El respaldo financiero también se extiende al gas licuado de petróleo (GLP), utilizado para cocinar, el cual mantiene un precio de 135.20 pesos dominicanos por galón gracias a una aportación estatal de 61.26 pesos dominicanos. Sin dicho subsidio, su precio se elevaría a 196.46 pesos dominicanos.
Entre el 27 de febrero y el 2 de noviembre, el gasoil óptimo experimentó un incremento cercano al 79 %, al pasar de un costo de 104 a 186 dólares estadounidenses por barril. La República Dominicana adquiere en el mercado internacional, en forma de productos ya procesados, más del 80 % del gasoil, la gasolina y el GLP que consume. Por esta razón, el país es directamente afectado por las presiones derivadas de estos aumentos.
Al asumir una porción del coste, el Gobierno disminuye la presión sobre el presupuesto de los hogares y contribuye a la continuidad de las operaciones económicas. Sin embargo, esta ayuda requiere una considerable cantidad de recursos fiscales. El desafío consiste en mantener la protección a la ciudadanía sin comprometer los fondos necesarios para áreas como la salud, la educación, la infraestructura y futuras contingencias.
