El abogado Miguel Surún manifestó su desacuerdo con la liberación de cualquier persona vinculada al presunto desfalco del Seguro Nacional de Salud (Senasa), anunciando que impugnará las decisiones judiciales que favorezcan a los encausados. Calificó el caso como el mayor evento de corrupción en los tribunales dominicanos, exigiendo que los responsables enfrenten consecuencias penales. Además, vinculó la sustracción de fondos con la muerte de cientos de personas afectadas por la carencia de recursos en los servicios de salud.
El jurista Miguel Surún expresó el jueves su inconformidad con la puesta en libertad de cualquier individuo implicado en el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y afirmó que apelará las resoluciones judiciales que, a su parecer, beneficien a los procesados en el expediente. Al finalizar la audiencia de este jueves, el letrado describió el asunto como el proceso de corrupción más significativo que ha llegado a los tribunales dominicanos y enfatizó la necesidad social de que los culpables de las anomalías investigadas asuman responsabilidades penales. Asimismo, asoció el supuesto desfalco con el fallecimiento de centenares de individuos que, según sus declaraciones, pudieron haber sido perjudicados por la desviación de fondos destinados a los servicios sanitarios.
“Estamos insatisfechos con la puesta en libertad de cualquier implicado en el desfalco de Senasa”, declaró Surún Hernández, quien aseguró no estar de acuerdo con las determinaciones que permitan a los procesados seguir el procedimiento fuera de prisión. En este sentido, anunció que recurrirá las disposiciones con las que no esté conforme. El abogado también criticó lo que considera un amparo protector hacia ciertos empresarios y señaló que Frank Oscar Imbert no ha sido convocado por las autoridades, a pesar de las acusaciones que, según su criterio, ameritan investigar su participación en las operaciones bajo escrutinio. De igual manera, solicitó al Ministerio Público que profundice las indagaciones sobre políticos cuyas campañas, según sus afirmaciones, habrían recibido financiación proveniente de los recursos de Senasa, así como sobre otros empresarios que, a su entender, no han sido investigados con la misma profundidad.
Uno de sus principales señalamientos se dirigió al Grupo Read y a la empresa Salud Bucal, vinculados al empresario Eduardo Read, a quien atribuyó responsabilidad en las gestiones que denuncia. Surún reprochó que estas compañías continúen operando y facturando al sistema de seguridad social, mientras, a su juicio, no se han tomado medidas suficientes respecto a sus operaciones y patrimonio. “Reconocemos su labor, pero no estamos de acuerdo con que ese Grupo Read, con que Salud Bucal estén prácticamente indemnes ante el dinero de Senasa robado de las arcas por parte de su presidente Eduardo Read”, manifestó.
El jurista insistió en que las autoridades deben aclarar por qué esas empresas siguen funcionando y realizando transacciones comerciales con el sistema de seguridad social. También cuestionó que se transfieran acciones y se mantengan actividades mercantiles mientras avanza el proceso judicial. Surún Hernández atribuyó al entramado que denuncia operaciones por aproximadamente RD$16,000 millones y sostuvo que no es suficiente con procesar a un grupo de imputados si otros posibles beneficiarios de los recursos permanecen al margen de las investigaciones. Las declaraciones del abogado se suman a sus anteriores exigencias para que el expediente no se restrinja a médicos y extrabajadores de Senasa, sino que abarque a clínicas, farmacias, laboratorios, empresarios y otros actores que, según ha planteado, pudieron intervenir en la administración de los fondos de la aseguradora estatal.
