La Cámara de Diputados de Paraguay votó en contra de la moción para iniciar un juicio político al vicepresidente Pedro Alliana Rodríguez, archivando la propuesta. La solicitud surgió en el contexto de una significativa crisis económica y política, exacerbada por la intervención del Ueno Bank, una situación que también motivó acciones similares contra el presidente Santiago Peña.
En Asunción, Paraguay, la Cámara de Diputados rechazó el jueves la petición de juicio político contra el vicepresidente de la República, Pedro Alliana Rodríguez. La votación resultó en 48 votos en contra y 30 a favor, lo que llevó a que el expediente fuera archivado. Esta iniciativa había sido presentada en un periodo de turbulencia financiera y política, originada por la intervención del Ueno Bank, circunstancia que también motivó una petición de juicio político contra el presidente Santiago Peña.
Los parlamentarios que promovieron la acusación señalaron al vicepresidente por presuntamente haber contribuido a brindar protección política a la institución bancaria y por supuestas irregularidades relacionadas con fondos de previsión. Sin embargo, la propuesta no obtuvo el respaldo necesario para avanzar al Senado, la institución encargada de juzgar a los funcionarios sujetos a juicio político en Paraguay. Con esta decisión, la solicitud contra Alliana quedó desestimada, en medio de las tensiones políticas que vive el país debido a la crisis bancaria.
La dimisión del presidente de Paraguay, Santiago Peña, este jueves 5 de noviembre, ocurrió en medio de una crisis política y financiera provocada por el colapso de Ueno Bank, una entidad bancaria con vínculos a sus anteriores actividades comerciales. La intervención de este banco generó interrogantes sobre la gestión de cientos de millones de dólares en fondos públicos y abrió la posibilidad de que el mandatario fuera destituido a través de un juicio político.
Peña, quien había estado al frente del gobierno paraguayo desde agosto de 2023, decidió abandonar el poder justo cuando legisladores de la oposición impulsaban un proceso de destitución por presunto mal desempeño de sus funciones, mientras se incrementaban las denuncias sobre posibles conflictos de intereses y fallas en la supervisión bancaria.
