La ciudad de Málaga ha anunciado la anulación de las multas impuestas por su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y procederá a la devolución de los importes, tras un fallo judicial que consideró discriminatoria la aplicación de la normativa. Este suceso reabre el debate sobre la implementación y las directrices de las ZBE en España, coincidiendo con una reciente modificación gubernamental que busca estandarizar su aplicación y régimen sancionador.
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), obligatorias desde 2023 para municipios de más de 50.000 habitantes, han generado controversia en su implementación. Mientras algunas ciudades las han aplicado, otras las han ignorado, y en ciertos casos, su aplicación ha sido cuestionada. Málaga es una de las ciudades que había implementado la normativa, pero la Justicia ha anulado su aplicación, lo que implica la devolución de las multas y plantea interrogantes sobre la correcta definición y aplicación de estas zonas.
Desde diciembre de 2024, Málaga aplicó una ZBE en su casco histórico y calles adyacentes. A partir de diciembre de 2025, se permitía el acceso a vehículos de todo tipo si estaban empadronados en Málaga, mientras que los coches sin etiqueta empadronados fuera de la ciudad tenían prohibido el acceso. Desde diciembre de 2026, las sanciones se extenderían a coches con etiqueta B no empadronados en Málaga.
En junio de 2025, Vox impugnó esta decisión, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló a favor del grupo parlamentario, argumentando que multar exclusivamente a vehículos de fuera de la ciudad era discriminatorio. En consecuencia, el Ayuntamiento de Málaga ha informado recientemente que dejará de imponer multas por el acceso a la ZBE y reembolsará de oficio todas las sanciones ya cobradas.
Existen otros precedentes similares. El caso más destacado de una ZBE que sanciona a vehículos foráneos y no a los empadronados es Madrid. La capital multa a los coches no empadronados que ingresan al municipio sin etiqueta medioambiental, pero mantiene libertad de circulación para los vehículos empadronados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid también ha confirmado la ilegalidad de algunas multas impuestas en Madrid, tras una denuncia de Vox. En este caso, el dinero no se devuelve automáticamente, sino que debe ser reclamado. La diferencia radicó en que se alegó que el informe económico de la nueva ZBE era insuficiente. Esto llevó a Madrid a publicar una nueva ordenanza para corregir este error, por lo que la ZBE madrileña sigue vigente.
La problemática de las ZBE radica en la autonomía que han tenido los ayuntamientos para implementarlas según sus intereses, conscientes de que es un tema sensible para los votantes. Desde el 1 de enero de 2023, todas las ciudades con más de 50.000 habitantes deberían tener una ZBE en funcionamiento. Sin embargo, muchas ciudades aún no las han implementado. Otras, como Sevilla, las han ubicado en zonas de bajo impacto diario. Y algunas, como Ciudad Real, han creado ZBE que no imponen multas, lo que en la práctica las hace ineficaces.
En total, España cuenta con 149 municipios que deben aplicar estas restricciones, pero muchos han ignorado la obligación. La razón es que el Gobierno exigía su implementación, pero dejaba a los ayuntamientos la libertad de aplicarlas a su criterio y, además, no había sanciones por el incumplimiento.
La decisión de Málaga coincide con un reciente movimiento del Gobierno. El Consejo de Ministros del pasado martes 3 de noviembre aprobó una modificación del Real Decreto 1052/2022, que pasó desapercibida debido al accidente ferroviario de Urda (Toledo). Con este cambio, las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a establecer una ZBE que sancione a los vehículos con acceso prohibido. En la nota de prensa, el Gobierno indicó: "La modificación exige que las ordenanzas municipales contemplen y apliquen el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico, sin recurrir a sistemas transitorios que demoren su efectividad. De este modo, se pretende garantizar que las restricciones establecidas cuentan con mecanismos reales de cumplimiento y que su eficacia puede ser evaluada".
Cuando se estableció la normativa que obligaba a los ayuntamientos a implementar una ZBE, no se especificaba la multa exacta. Esto fue aprovechado por algunos consistorios para no multar el acceso indebido de vehículos o para establecer procesos de transición que, en la práctica, permitían el paso a todos. Sin embargo, con un cambio en la Ley de Tráfico, saltarse las normas de la ZBE está sancionado desde hace años con 200 euros de multa. Esta sanción se aplica a quienes traspasan los carteles diseñados por la DGT, donde debe indicarse claramente quién puede circular y quién no.
A pesar de que el Gobierno ahora exige que los ayuntamientos multen a los vehículos con acceso prohibido a las ZBE y elimine los sistemas transitorios, es probable que los cambios sean mínimos. Esto se debe a que se sigue dejando a los consistorios la potestad de aplicar las ZBE donde deseen y con las restricciones que elijan. Es decir, se puede establecer una ZBE en un lugar de poco tráfico o que solo limite a vehículos comerciales, lo que minimizaría su impacto. Asimismo, no se contempla una posible sanción para las ciudades que ignoren esta obligación, por lo que queda por ver si los ayuntamientos avanzan en su implementación o continúan demorándola.
