Residentes del sector Callejón de la Yayi en Samaná han expresado su profunda preocupación por una serie de tiroteos que generan un clima de miedo constante, poniendo en riesgo la vida de familias, niños y ancianos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha respaldado esta denuncia, urgiendo a la Policía Nacional y al Ministerio Público a intervenir de inmediato para prevenir tragedias y restablecer la paz en la comunidad.
Los habitantes del Callejón de la Yayi, ubicado en la provincia de Samaná, han manifestado su inquietud por la sensación de peligro e inestabilidad que impera en la zona, atribuida a reiterados intercambios de disparos que, según sus declaraciones, ponen en peligro la integridad de los niños, personas de la tercera edad y núcleos familiares que allí residen. La filial regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apoyó esta queja, solicitando la acción inmediata de la Policía Nacional y del Ministerio Público para evitar que el escenario derive en un desenlace fatal.
Pedro Johnson, quien preside la CNDH en Samaná, alertó que los enfrentamientos con armas han provocado una creciente inquietud entre los vecinos y afirmó que la población teme que individuos inocentes resulten lesionados o pierdan la vida. “Como defensores de los derechos humanos, reprobamos esta situación. Si continúa de esta manera, habrá pérdidas de vidas aquí. Hacemos un llamado urgente al director de la Policía Nacional para que actúe”, manifestó.
Los residentes aseguran que las descargas de armas ocurren en áreas próximas a casas habitadas por familias, incluyendo aquellas donde viven menores de edad y personas con enfermedades. Conforme a la queja, uno de los sucesos más recientes aconteció después de que individuos desconocidos destruyeran la motocicleta de un residente llamado Pedro Boyer. Al intentar proteger sus pertenencias, él y su familia habrían sido atacados con disparos.
Marleni Corporán, la cónyuge de Boyer, relató los momentos de angustia que experimentó junto a sus hijos durante el incidente. “Tuve que correr y resguardarme con mis niños para protegernos. Fueron instantes de mucho pánico”, narró.
Por su parte, Olegario Boyer, un adulto mayor que habita en la zona, aseguró que varios proyectiles impactaron en los alrededores de su domicilio, donde cuida a su esposa enferma. “Soy un hombre trabajador y no me meto con nadie. Vinieron a disparar contra mi casa”, denunció.
Durante las declaraciones ofrecidas a los medios, varios residentes señalaron a personas identificadas como “Miguelín” y “Joselito” como supuestos responsables de organizar o participar en las agresiones denunciadas. No obstante, hasta el momento las autoridades no han reportado detenciones ni la existencia de procesos judiciales vinculados con las acusaciones hechas por los comunitarios.
Además de denunciar los actos de violencia, los residentes expresaron su descontento con la respuesta de las autoridades locales. Según afirmaron, en lugar de enfocar los esfuerzos en localizar a los responsables de los disparos, agentes policiales habrían interrogado a las propias víctimas después de los incidentes. La CNDH consideró esta situación alarmante y reiteró la necesidad de una investigación exhaustiva para establecer responsabilidades y garantizar la seguridad de los residentes del sector.
Frente al ambiente de tensión que aseguran vivir, los comunitarios y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitaron al director general de la Policía Nacional y al Ministerio Público el envío de unidades especializadas a la zona, el desarme de los grupos implicados y la apertura de una investigación que permita aclarar los sucesos denunciados. Los residentes sostienen que viven con temor constante y que la presencia de individuos armados representa una amenaza permanente para la calma y la seguridad de la comunidad.
