El presidente Luis Abinader ha oficializado la Ley 25-26, estableciendo el sistema nacional «Alertas RD» en República Dominicana. Esta nueva normativa busca coordinar y agilizar la respuesta estatal ante la desaparición de personas, con un enfoque en la protección de los más vulnerables. La ley crea un mecanismo de difusión masiva y en tiempo real para localizar a individuos extraviados, integrando a instituciones, medios y la sociedad civil.
En Santo Domingo, el presidente Luis Abinader ha promulgado, este miércoles, la Ley 25-26, la cual establece y regula la operación de la Alerta Nacional para la Localización de Individuos Extraviados en la República Dominicana, oficialmente conocida como «Alertas RD». Esta legislación proporciona al Estado un marco jurídico coordinado y eficiente para ofrecer una respuesta inmediata ante incidentes de desaparición, priorizando la dignidad humana y la salvaguarda de los segmentos más vulnerables de la sociedad. El nuevo marco legal tiene como objetivo el desarrollo de un mecanismo de divulgación masiva, instantánea y en tiempo real de información relevante sobre personas desaparecidas, unificando los esfuerzos de las entidades gubernamentales, los medios de comunicación y la comunidad.
Activación inmediata y clasificación de alertas
La Ley 25-26 estipula que la Policía Nacional o el Ministerio Público, después de evaluar la denuncia (la cual puede ser presentada en persona o por vía telefónica), deben activar el sistema de alarmas de manera conjunta y sin demora, sin exceder las 24 horas desde el reporte de desaparición o una situación de peligro inminente. La ley establece una categorización específica de las alertas según el perfil del individuo afectado:
- Alerta Amber: Exclusiva para el secuestro o extravío de niños, niñas y adolescentes.
- Alerta Silver: Dedicada a la localización de adultos mayores de 65 años.
- Alerta Azul: Aplicable en situaciones de desaparición de personas que presenten alguna discapacidad física o mental.
- Alerta Rosa: Activada específicamente para mujeres en contextos de agresión de género o tráfico de personas.
Canales de difusión y el Registro Nacional
Las alertas que se emitan tendrán una duración inicial de cinco días calendario, pudiendo extenderse por el mismo período cuantas veces sea necesario. Su divulgación se realizará a través de las plataformas sociales, medios de comunicación tradicionales, terminales de transporte, plataformas digitales y boletines policiales. Asimismo, la normativa crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos centralizada y con acceso interinstitucional que estará bajo la administración y supervisión de la Policía Nacional. Este registro incluirá una plataforma de consulta pública con datos personales, descripciones físicas, fotografías, estado de la búsqueda e información médica de las víctimas, asegurando estrictamente el derecho a la privacidad.
Gobernanza y Sanciones
Para la dirección estratégica de la ley, se crea el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrito al Ministerio de Interior y Policía y presidido por su titular. Este consejo de carácter consultivo estará integrado además por la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, la Dirección de la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Sistema 9-1-1, el INDOTEL, el CONANI, el CONAPE, el CONADIS, el COE y el Servicio Nacional de Salud (SNS).
El estatuto de la ley introduce un régimen de consecuencias riguroso, el cual establece que los servidores públicos que, teniendo conocimiento de un caso de desaparición, omitan informar u obstaculicen los protocolos establecidos, serán sancionados por la comisión de faltas graves bajo la Ley núm. 41-08 de Función Pública, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que les correspondan.
Con la promulgación y posterior publicación de la Ley 25-26 en la Gaceta Oficial, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso ineludible con la debida diligencia, la seguridad ciudadana y la protección efectiva de los derechos fundamentales de la población.
