El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional se pronunciará este viernes sobre la solicitud del Ministerio Público para llevar a juicio al exdirector del Intrant, Hugo Beras, al empresario José Ángel Gómez Canaán y a otros implicados en el denominado caso Camaleón. La jueza determinará si las pruebas presentadas justifican el inicio de un proceso judicial o si acoge las argumentaciones de la defensa, quienes solicitan el archivo de la causa.
El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictaminará hoy viernes su resolución acerca de la imputación formulada por el Ministerio Público en contra del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros individuos relacionados con el expediente conocido como caso Camaleón. La magistrada Yanibet Rivas tiene la responsabilidad de decidir si los elementos probatorios aportados por el organismo acusador son suficientes para ordenar el inicio de un juicio de fondo o si acepta los argumentos presentados por las partes defensoras durante la etapa preliminar del procedimiento.
El Ministerio Público afirma poseer pruebas para demostrar la existencia de una estructura que habría operado en torno al contrato adjudicado para la modernización y gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Por esta razón, ha solicitado que todos los acusados sean remitidos a juicio para que respondan por los cargos formulados en el expediente. Por su parte, los representantes legales de los implicados pidieron al tribunal que dictamine un auto de no ha lugar, argumentando que sus representados no tuvieron ninguna participación en los hechos imputados por la Fiscalía.
Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, el expediente incluye a varios exfuncionarios y particulares que, según la investigación, habrían desempeñado diferentes funciones dentro de la supuesta organización. Entre los señalados figuran Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Señalan irregularidades en contratos y manejo de fondos
Según la imputación, varias empresas habrían sido empleadas para obtener contratos públicos de forma irregular y posteriormente ejecutar operaciones destinadas a encubrir el origen de recursos económicos. El Ministerio Público sostiene que las compañías involucradas facilitaron la movilización de fondos y el desarrollo de actividades que presuntamente causaron un perjuicio al Estado dominicano.
La investigación también establece que una parte de las operaciones estaba vinculada con la gestión de sistemas tecnológicos relacionados con la movilidad urbana y la infraestructura semafórica. Dentro del proceso se mencionan varias empresas, entre ellas Transcore Latam, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana, Dekolor, Aurix, Inprosol y OML Inversiones. Las autoridades consideran que estas entidades tuvieron distintos niveles de implicación en las operaciones investigadas y que algunas fueron utilizadas para ejecutar contratos, canalizar recursos o adquirir bienes.
El caso Camaleón fue declarado complejo en octubre de 2024 debido a la cantidad de imputados, las empresas involucradas y el volumen de pruebas recopiladas durante la investigación. Ahora corresponderá al tribunal decidir si el expediente cuenta con los elementos necesarios para avanzar a la etapa de juicio, donde los acusados tendrían que responder formalmente por los cargos que les atribuye el Ministerio Público.
