La audiencia para determinar las medidas de coerción contra los presuntos integrantes de una red internacional de tráfico ilícito de armas ha sido reprogramada. La defensa solicitó el aplazamiento, mientras que el Ministerio Público busca prisión preventiva y la declaración de caso complejo para los doce imputados, basándose en una robusta cantidad de pruebas.
El magistrado Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, ha diferido para el sábado 6 de junio, a las 9:00 de la mañana, la revisión de la petición de medidas de coerción para los individuos implicados en una supuesta red internacional de contrabando de armamento que ha sido desarticulada. Esta determinación se tomó a petición de los representantes legales de los acusados. La fiscalía ha solicitado la privación de libertad preventiva y que el caso sea declarado como complejo contra doce hombres señalados en el proceso.
Los acusados son Juan Francisco Morel Díaz, apodado Arismendy o Bobi; Wilson Manuel Abreu Disla, conocido como Wilson; Hery Miguel Ángel Paulino Marmolejos; José Vidal Pérez Mercado, alias Jochi; Carlos José María Henríquez Valdez y Edward Francisco Tejada Fernández. También se encuentran José Luis Vignieri Rodríguez, llamado Luisito Vignieri; Edwin Fausto Veloz Almánzar, alias Momo; Jonathan Orlando Carela Montilla; Pablo Sánchez Arnau, conocido como Alemán; Joel Rafael González Martínez y Brian Vignieri Dilone.
El Ministerio Público fundamentó su solicitud de encarcelamiento preventivo y la declaración de complejidad del procedimiento en más de medio centenar de elementos probatorios de tipo documental, pericial, material y testimonial, obtenidos durante la etapa de investigación. Además, argumentó la cantidad de personas imputadas, la seriedad de los hechos bajo investigación y el vasto volumen de evidencias recopiladas.
Conforme a la solicitud presentada por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona, Homicidios, de la Fiscalía del Distrito Nacional, los imputados conformaban una estructura dedicada a la introducción, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego y sus respectivos accesorios.
Según el expediente, las armas eran introducidas de manera encubierta en el territorio dominicano para su posterior comercialización ilícita. El documento judicial establece que la investigación se inició luego de la detención en flagrancia de Brayan Jesús Gil Pérez, ocurrida el 3 de diciembre de 2025, en el sector de Miraflores, en el Distrito Nacional.
De acuerdo con la investigación, al momento de su detención se le confiscaron cinco pistolas, ocho cargadores adicionales y dos teléfonos móviles. Como parte de las gestiones investigativas, el Ministerio Público llevó a cabo análisis técnicos, extracción forense de datos de dispositivos electrónicos, labores de inteligencia, vigilancia, entrevistas, seguimientos e interceptaciones telefónicas.
Las pesquisas permitieron establecer nexos entre Brayan Jesús Gil Pérez y la estructura criminal bajo investigación. Asimismo, durante el proceso investigativo, este manifestó que las armas incautadas le fueron entregadas siguiendo instrucciones de José Vidal Pérez Mercado, conocido como Jochi, quien, según las autoridades, coordinó el traslado del armamento para ser entregado a Jonathan Orlando Carela Montilla.
A partir de la información obtenida y de las interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, los investigadores lograron individualizar la participación y el nivel de vinculación de cada uno de los imputados dentro de la presunta red delictiva.
