La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ha pospuesto por segunda vez la audiencia de medida de coerción para diez individuos vinculados al caso XL526. Este proceso investiga una presunta red criminal dedicada a estafar, extorsionar y chantajear a ciudadanos en Estados Unidos desde República Dominicana. La reprogramación se debe a la falta de documentación completa por parte de varias defensas, un requisito esencial para proceder con la discusión de las medidas solicitadas.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ha retrasado por segunda ocasión la revisión de la medida de coerción contra diez de los principales acusados en el expediente XL526. Esta pesquisa se centra en una supuesta organización delictiva que se dedicaba a engañar, presionar y amenazar a personas en Estados Unidos, operando desde la República Dominicana. La sesión judicial se ha fijado ahora para el 15 de junio, debido a que varios equipos de abogados defensores no habían terminado de entregar la documentación relacionada con los arraigos de sus representados, un paso indispensable para debatir las solicitudes hechas por el Ministerio Público.
Según las averiguaciones, la presunta estructura criminal tenía su centro operativo en el municipio de Jacagua, en Santiago. Desde allí, coordinaban sistemas de fraude dirigidos a víctimas que residían en territorio estadounidense. Las autoridades afirman que esta red obtenía ganancias ilícitas a través de fraudes electrónicos, extorsión y chantaje, actividades que supuestamente ejecutaban utilizando plataformas digitales para ponerse en contacto con sus blancos.
El caso salió a la luz pública tras la puesta en marcha de la Operación XL526, llevada a cabo por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, con el respaldo de entidades tanto nacionales como internacionales.
Más de 20 arrestos y 28 allanamientos
Durante las intervenciones, se detuvo a aproximadamente 20 individuos, incluyendo a varios señalados por el Ministerio Público como supuestos líderes de la organización. Como parte de la investigación, las autoridades realizaron 28 registros simultáneos en las provincias de Santiago y Puerto Plata, donde incautaron equipos electrónicos, documentos y otras pruebas que forman parte del expediente.
El Ministerio Público asegura disponer de pruebas suficientes para vincular a los acusados con la estructura delictiva que, según las pesquisas, funcionó durante años, afectando a ciudadanos estadounidenses. Con esta nueva postergación, será el próximo lunes cuando el tribunal examine la petición de medidas de coerción presentada contra los principales involucrados en uno de los casos más recientes de fraude electrónico transnacional investigados por las autoridades dominicanas.
