Un tribunal en La Romana ha sentenciado a diez años de prisión a cinco individuos que formaban parte de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y al blanqueo de capitales. La resolución judicial, que surgió tras la admisión de culpa de los acusados, también impone sanciones económicas y la incautación de propiedades valoradas en más de diez millones de pesos dominicanos, obtenidas presuntamente de actividades ilícitas.
Cinco individuos vinculados a una estructura delictiva dedicada al comercio de drogas y al blanqueo de capitales han recibido una condena de diez años de reclusión por parte de un juzgado en La Romana. Esta sentencia se dictó luego de que los acusados reconocieran su culpabilidad a través de un procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público. La determinación judicial también implica multas económicas y la confiscación de bienes cuyo valor excede los RD$10 millones.
La resolución fue emitida por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana contra Kendy José Ramírez, Paola Moni Ochoa y Matilde Aquino, quienes además deberán abonar multas equivalentes a cincuenta salarios mínimos del sector público. De igual modo, Starlin Manuel Basker Vásquez y Ángel Gabriel Rodríguez Martínez fueron sentenciados al pago de multas de RD$50,000 cada uno.
Como parte de la decisión, el tribunal ordenó la incautación de todas las propiedades aseguradas durante la investigación, incluyendo vehículos de lujo y dos inmuebles adquiridos supuestamente con fondos procedentes de actividades ilegales. Las autoridades señalaron que el valor de estos activos supera los RD$10 millones.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de La Romana, recordaron que la investigación se fortaleció después de una serie de allanamientos ejecutados el 1 de junio de 2023 en diferentes zonas de la provincia. Durante estas intervenciones, varios integrantes de la organización fueron detenidos y se confiscaron cantidades significativas de drogas, armas de fuego, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y registros relacionados con la actividad delictiva.
Las indagaciones financieras permitieron establecer que la red empleaba mecanismos de blanqueo de dinero para esconder las ganancias obtenidas del narcotráfico. Según el Ministerio Público, Paola Moni Ochoa y Matilde Aquino actuaban como prestanombres para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, mientras que los recursos ilícitos eran introducidos al sistema financiero nacional mediante diversas transacciones.
Los fiscales Claudio Cordero y Johanny López Vargas lideraron la investigación que posibilitó demostrar la implicación de cada acusado y el origen ilegal de los bienes decomisados. La fase de litigación estuvo a cargo de los fiscales Hitler Sánchez y John Mota. Mientras tanto, el proceso judicial contra el también imputado Elvin Jacin Pérez sigue abierto y tiene una audiencia programada para el próximo 23 de julio de 2026.
