El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado la "Secure America Act", asignando aproximadamente 70.000 millones de dólares para fortalecer el control migratorio hasta el final de su mandato. Esta legislación busca reforzar la seguridad fronteriza y apoyar las operaciones de agencias federales clave, poniendo fin a un prolongado debate político sobre su financiación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este miércoles la conocida como “Secure America Act”, una normativa que asigna cerca de 70.000 millones de dólares para financiar las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y otras entidades federales relacionadas con la gestión migratoria hasta el término de su período presidencial.
Durante una ceremonia realizada en el Despacho Oval, Trump aseveró que la nueva legislación asegura los fondos necesarios para fortalecer la protección de las fronteras y respaldar el trabajo de los oficiales migratorios. El mandatario enfatizó que esta medida permitirá un financiamiento completo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante los próximos años. La propuesta fue aprobada por la Cámara de Representantes con una ajustada votación de 214 votos a favor y 212 en contra, después de haber obtenido la aprobación del Senado la semana anterior. La ley concluye varios meses de confrontación política entre republicanos y demócratas respecto al financiamiento de las entidades encargadas de aplicar las normativas migratorias.
Conforme a los detalles revelados, el paquete incluye aproximadamente 38.000 millones de dólares para ICE, 26.000 millones para la Patrulla Fronteriza y más de 5.000 millones para otros programas del Departamento de Seguridad Nacional. Los recursos serán empleados para potenciar las labores de vigilancia, detención, expulsión y control en las fronteras.
La sanción de la normativa también resuelve un extenso estancamiento presupuestario que mantuvo en incertidumbre la financiación de estas instituciones. Los demócratas habían condicionado su respaldo a la incorporación de mayores mecanismos de supervisión y garantías de respeto a los derechos humanos en las operaciones migratorias, sugerencias que finalmente no fueron integradas en el texto final. La nueva ley representa una de las mayores inversiones federales en el ámbito del control migratorio en los últimos años y consolida una de las principales metas de la agenda de Trump, enfocada en robustecer la seguridad fronteriza y aumentar las capacidades de expulsión y vigilancia de migrantes en todo el país.
