Jean Alain Rodríguez, antiguo procurador general de la República, ha declarado que las recientes afirmaciones de Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, refuerzan la defensa sobre la supuesta falta de imparcialidad en la investigación del caso Medusa. Según Rodríguez, las expresiones de Camacho sobre haber sido "amedrentado" por él, revelan una animosidad que, a su juicio, debería haber impedido la participación del fiscal en el proceso.
El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, manifestó este miércoles que las recientes afirmaciones del titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, fortalecen los argumentos de la defensa respecto a una alegada ausencia de objetividad en la indagación del caso Medusa. Rodríguez respondió después de que Camacho declarara públicamente que él lo había "amedrentado" cuando ambos coincidieron en la Procuraduría General de la República. De acuerdo con el exfuncionario, estas expresiones demuestran una situación de antagonismo que, en su opinión, debió haber evitado la participación del fiscal en el proceso.
“Él acaba, quizás por décima vez, de arruinar el caso y la imputación, porque un fiscal que se siente intimidado sencillamente está imposibilitado o descalificado”, afirmó Rodríguez cuando la prensa lo abordó durante un descanso de la audiencia. El procedimiento es presidido por la magistrada Claribel Nivar, miembro del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El Ministerio Público sostiene que en este caso se produjo un desfalco superior a los RD$6,000 millones. Rodríguez enfrenta acusaciones de sabotaje, infracción de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, fraude contra el Estado, cohecho y blanqueo de activos. En el expediente, el organismo acusador presentó cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. Asimismo, incluyó imputaciones por sobornos, delitos de alta tecnología, así como lavado de activos. También se documentaron presuntas irregularidades que habrían sido cometidas durante la gestión de Rodríguez al frente del Ministerio Público entre 2016 y 2020.
Además de Rodríguez, el proceso involucra al exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; al exdirector administrativo Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y a Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo. También figuran como imputados Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; Altagracia Guillén Calzado, exsubdirectora administrativa; Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.
El Ministerio Público también les atribuye la violación de los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. Asimismo, enfrentan cargos por presunta infracción al artículo 3 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por supuestos actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje. El órgano acusador también sostiene que los imputados violaron los artículos 1 y 2 de la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión. El exprocurador Rodríguez Sánchez, junto a varios colaboradores y relacionados, también está acusado de infringir distintos artículos de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
