Argentina busca posicionarse en el panorama global de la inteligencia artificial mediante la creación de una nueva figura legal: la "Sociedad Automatizada". Esta iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, tiene como objetivo atraer inversión y talento al país, permitiendo que empresas operadas por agentes de IA se establezcan con un marco regulatorio más flexible y ventajas fiscales, aunque plantea desafíos en cuanto a la responsabilidad y el impacto económico real.
La inteligencia artificial ha trascendido la promesa para convertirse en una fuerza transformadora que está redefiniendo empresas, infraestructuras, empleos, ciencia y poder económico. Lo observado hasta ahora es probablemente solo una fracción del cambio, pero ya es suficiente para que los gobiernos enfrenten una encrucijada: una regulación precipitada podría sofocar la innovación, mientras que la inacción podría generar riesgos incontrolables. En este terreno incierto, numerosos países buscan su posición con las herramientas disponibles.
No obstante, esta decisión no se aborda desde el mismo punto de partida en todo el mundo. La IA de vanguardia requiere una combinación difícil de replicar: capital abundante, acceso a chips, centros de datos, talento especializado, empresas capaces de escalar productos globales y energía suficiente para sustentar esta infraestructura. Estados Unidos y China dominan gran parte de esta contienda. Argentina, en contraste, carece de esta misma escala tecnológica, financiera e industrial, lo que la obliga a buscar un enfoque diferente.
Argentina no parece aspirar a construir su propia OpenAI desde cero, ni a competir con las grandes potencias en la capa más sofisticada de la IA. En cambio, se perfila una estrategia distinta: convertir al país en un lugar atractivo para que proyectos, infraestructuras y nuevas formas empresariales vinculadas a esta tecnología puedan establecerse con menos obstáculos. Aquí entran en juego elementos menos espectaculares que un modelo de frontera, pero muy relevantes para esta economía: energía, suelo, incentivos, trámites, sociedades y reglas de funcionamiento.
La estrategia de Argentina para integrarse en el ámbito de la IA
La visión del presidente argentino fue sintetizada en un artículo de opinión publicado en Financial Times. Milei argumentó que la IA necesita espacio para desarrollarse antes de ser constreñida por normativas que considera prematuras, y conectó esta idea con la historia de la responsabilidad limitada en el capitalismo moderno. Dentro de este marco, propuso una figura para compañías operadas por agentes de IA o robots, acompañada de un impuesto de sociedades reducido y reglas atractivas para accionistas. Como se observa, el planteamiento combina desregulación, ingeniería societaria y una invitación abierta a la inversión.
El soporte jurídico se encuentra en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional argentino, fechado el 29 de mayo de 2026, que reforma la Ley General de Sociedades. La relevancia no radica solo en la mención de la IA, sino en su ubicación: dentro del marco que regula la creación, operación y responsabilidad de las empresas. El texto introduce una figura denominada Sociedad Automatizada, diseñada para sociedades que desarrollen su objeto mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial. Es decir, la propuesta lleva la IA al ámbito societario, no solo al debate tecnológico.
El artículo 14 define esta figura con notable claridad. “La Sociedad de cualquiera de los tipos previstos en esta ley que desarrolle su objeto social, mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria será considerada una Sociedad Automatizada”. La declaración de automatización, no obstante, deberá constar expresamente en el estatuto y la denominación tendrá que incluir la expresión "Automatizada".
El proyecto también busca resolver una pregunta inevitable: qué sucede si estos sistemas causan daños. Su respuesta inicial se halla en el propio artículo 14, donde se establece que "la sociedad automatizada responde con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial". La fórmula mantiene el problema dentro de una lógica conocida del derecho societario: quien responde es la empresa, no el algoritmo como si fuera una persona. En teoría, por tanto, la automatización no elimina la responsabilidad, sino que la canaliza a través de la sociedad.
La cuestión es si esta respuesta es suficiente para todos los escenarios que pueden surgir. El mismo proyecto permite que los socios fijen libremente la cifra del capital social, lo que significa que el patrimonio disponible para responder ante terceros puede ser un factor determinante. También queda por ver cómo se probaría la cadena de decisiones cuando intervienen sistemas autónomos, proveedores externos, accionistas, administradores y posibles beneficiarios reales. En una empresa tradicional ya puede ser difícil reconstruir responsabilidades; en una sociedad operada mediante agentes de IA, esta tarea puede volverse mucho más compleja.
La discusión no se limita a la responsabilidad por daños. El proyecto combina una fuerte autonomía estatutaria, límites a la capacidad de los registros para condicionar lo previsto por la ley, legajos registrales públicos sin información contable o económica y margen para que las relaciones internas de ciertas sociedades se sometan a derecho extranjero, aunque sin afectar a terceros ni a materias excluidas por el propio texto. Considerados individualmente, estos elementos pueden explicarse como herramientas para la agilidad empresarial. Leídos en conjunto, también pueden convertir a Argentina en un lugar particularmente atractivo para actores externos que busquen operar con menos fricción.
Milei no menciona Stargate Argentina en su artículo de opinión, pero el anuncio ayuda a comprender el tipo de país que el Gobierno quiere proyectar. OpenAI y Sur Energy lo presentaron como una posible gran infraestructura de IA en Argentina, con una comunicación muy ambiciosa en torno a la inversión, la energía y la capacidad de cómputo, justo los componentes que cualquier economía necesita para ingresar en esta nueva fase tecnológica. Sin embargo, la cautela es obligatoria: lo que está documentado es una carta de intención para explorar el proyecto. Hasta donde se ha podido verificar, no consta una ubicación definitiva, una fecha de obra ni una construcción iniciada.
La trascendencia de esta apuesta no residirá en lo llamativa que resulte la figura legal, sino en sus efectos. Una reforma de este tipo puede generar actividad económica y atraer proyectos que quizás no llegarían con un marco más rígido. Pero también puede quedarse en una ventaja formal si la mayor parte del valor se decide, se financia y se explota fuera del país. El punto, por tanto, no es solo cuántas sociedades se crean o cuántos anuncios se acumulan, sino cuánto beneficio real termina quedándose en Argentina.
La apuesta de Milei, por ende, no se juega únicamente en el texto de una reforma societaria. Se juega en algo más difícil de medir: si Argentina logra transformar esta apertura en capacidades propias o si simplemente ofrece un marco conveniente para que otros desplieguen tecnología, capital y riesgos desde el exterior. La IA exige tomar decisiones, y la inacción también lo es. La cuestión es si esta puerta legal servirá para ingresar en la nueva economía o para permanecer en el umbral mientras otros marcan el ritmo.
