El senador Antonio Taveras Guzmán ha presentado una propuesta de enmienda a la Ley 74-25, buscando fortalecer la libertad de expresión y prensa en la República Dominicana. La iniciativa apunta a despenalizar la difamación, sustituyendo las penas de prisión por multas y reparaciones civiles, y a derogar el delito de ultraje contra funcionarios públicos, en línea con los principios constitucionales e internacionales.
El senador Antonio Taveras Guzmán, representante de la provincia Santo Domingo, introdujo este miércoles una moción para modificar diversos preceptos de la Ley 74-25. El objetivo es reforzar las salvaguardias constitucionales de la libertad de expresión y de prensa, ajustar los delitos contra el honor a los principios de legalidad y proporcionalidad, y resguardar a los medios de comunicación de penalizaciones excesivas.
El legislador detalló que esta propuesta busca consolidar el Estado de derecho y asegurar una protección más equitativa de los derechos fundamentales, previniendo que regulaciones penales ambiguas o desproporcionadas restrinjan el ejercicio legítimo de la libertad de opinión, crítica e información.
En lo concerniente al artículo 208, que trata sobre la difamación, Taveras Guzmán sugirió que solo se sancione la divulgación pública de hechos incorrectos que menoscaben el honor o la reputación de una persona. La propuesta elimina las condenas de cárcel para este tipo de delito, reemplazándolas por multas que oscilan entre tres y ocho salarios mínimos del sector público, además de la compensación civil por los daños ocasionados.
Respecto al artículo 209, que actualmente tipifica la llamada difamación extorsiva, el senador propuso transformarla en una modalidad de difamación agravada. La iniciativa reduce la pena vigente, que va de cinco a diez años de prisión, y la sustituye por una sanción de quince días a un año de prisión menor, cuando la difamación se emplee para obtener ventajas ilícitas o para obligar a alguien a ejecutar, omitir o consentir un acto en detrimento de sus intereses.
De manera similar, la enmienda al artículo 210, referente a la injuria, busca salvaguardar la libertad de opinión y crítica, reservando la intervención penal únicamente para conductas graves y premeditadas. La propuesta suprime las penas de prisión y establece exclusivamente multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, así como la correspondiente reparación civil.
Asimismo, Taveras Guzmán propuso adaptar el artículo 212 para establecer que ninguna infracción contra el honor o la privacidad pueda resultar en el cierre de medios de comunicación, la interrupción de sus actividades, la revocación de licencias, la incautación de equipos o cualquier otra medida que limite su funcionamiento, al considerar que dichas sanciones son incompatibles con la libertad de prensa y de expresión.
Igualmente, el legislador planteó la derogación del artículo 310, que penaliza el ultraje a funcionarios o servidores públicos. Argumentó que esta figura otorga una protección penal privilegiada a los funcionarios frente a los ciudadanos, restringe el escrutinio público sobre quienes ejercen funciones estatales y resulta incompatible con el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Según su explicación, las modificaciones planteadas buscan modernizar el marco legal dominicano y armonizarlo con la Constitución y con los estándares internacionales de protección de los derechos fundamentales, asegurando una mejor conciliación entre el derecho al honor, la libertad de expresión y el fortalecimiento de la democracia.
