El Poder Ejecutivo ha emitido una nueva normativa para modernizar la gestión de la información estatal, buscando optimizar los servicios públicos y reducir la burocracia. Este decreto prohíbe a las instituciones solicitar a ciudadanos y empresas documentos que ya obren en poder de otra entidad gubernamental. La medida promueve el intercambio seguro y estandarizado de datos entre organismos, con el fin de simplificar trámites y mejorar la calidad de la información.
El Poder Ejecutivo ha promulgado el Decreto 403-2026, el cual establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública. Su propósito principal es que las entidades estatales compartan información entre sí, evitando así que se exija a ciudadanos y empresas documentos o datos que ya se encuentren en posesión de otra dependencia gubernamental. Esta iniciativa busca acelerar la provisión de servicios públicos, minimizar la burocracia y facilitar los procedimientos mediante un intercambio de datos, documentos electrónicos y otros registros que sea seguro, estandarizado y oportuno entre los diversos organismos del Estado.
El decreto también sienta las bases para una administración más eficaz de la información bajo la custodia del Estado, con el objetivo de disminuir la duplicidad de documentos, elevar la calidad de los datos y posibilitar la entrega de servicios públicos digitales integrados. Como entidad rectora del Gobierno Digital, el Ministerio de Administración Pública (MAP) asumirá la responsabilidad de definir las directrices, normas y protocolos relacionados con la interoperabilidad y la gobernanza de datos. Además, supervisará el cumplimiento de la regulación y coordinará el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos.
Por su parte, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) se encargará de la operatividad técnica del marco y de la Plataforma Única de Interoperabilidad, una infraestructura diseñada para el intercambio de información entre las instituciones públicas.
El decreto establece que cada organismo debe mantener sus registros de datos actualizados para facilitar el intercambio de información, aunque conservará la responsabilidad y el control sobre la información que administra. Asimismo, esta disposición será de aplicación obligatoria para las instituciones de la administración pública central, descentralizada, autónoma, desconcentrada y de la seguridad social, así como para las entidades estatales que gestionen registros, sistemas de información, plataformas o servicios digitales.
En lo que respecta a la identidad, el decreto estipula que los procesos y servicios públicos que requieran validar información personal deberán coordinarse con la Junta Central Electoral (JCE), respetando las atribuciones de dicho órgano. Adicionalmente, especifica que los datos obtenidos a través de la interoperabilidad con el Registro Civil solo podrán ser utilizados para fines legítimos y coherentes con las funciones de la institución solicitante.
Con la entrada en vigor del Decreto 403-2026, queda sin efecto el Decreto 92-22, que desde febrero de 2022 regulaba el Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental.
